Es urgente que los gobiernos operen la gestión de los riesgos frente a los desastres en una estrategia de desarrollo, tomando en cuenta que éste es cambio social y aprendizaje democrático (Joseph Stiglitz), porque los desastres son catalizadores, motores de grandes cambios que adquieren diferentes formas en la movilización social.
Si se recuerda, con el sismo de 1985 en la CDMX se instauró una estrategia descentralizadora del gobierno federal que, sin embargo, al pasar el tiempo se diluyó, aunque ahora los urbanistas la están retomando como ineludible; desde la ciencia, las universidades y organizaciones civiles se intenta promover un cambio porque hay una tendencia documentada de que el número de desastres y los daños económicos en las pérdidas y afectaciones a la infraestructura pública y al patrimonio de las personas van en aumento lo cual lleva, a proponer que el desarrollo que se implemente debe ser adaptativo, es decir, buscar formas de minimizar la exposición de la sociedad a esos peligros y es obvio que las zonas y personas más vulnerables son los pobres porque con ellos las capacidades de prevención y respuesta son menores.
La energía social que emergió con el desastre de los temblores del 7 y 19 de septiembre se manifestó de una manera dramáticamente alentadora, como un elemento capaz de articular acciones, pero ¿cómo hacer que esa energía no se disipe y sea incluida como parte de la reconstrucción? eso pone a discusión todos los esquemas de participación, de reconocimiento a los miles de jóvenes que están cooperando con los damnificados y que se dan cuenta que para ellos no hay espacios, están excluidos de las políticas públicas de desarrollo, ello coloca la coyuntura política electoral de 2018 en una situación de gran tensión porque se ve que no hay cauces ni estructuras que respondan a las emergencias.
De ahí surge una cuestión que debe tener respuesta, ¿qué le corresponde al Estado, a los gobiernos, a partidos políticos, a los legisladores, al Poder Judicial? la respuesta es evidente, son esas instituciones las responsables de reducir los riesgos, sobre todo los de la población vulnerable lo cual exige mejores programas de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, mejores normas de construcción, una intervención pública muy activa que tenga como meta un ¡alto al descontrol!
Los gobiernos neoliberales, el federal y los locales han ido abandonando la gestión del desarrollo, la gestión del territorio, por eso debe exigirse al legislativo revisar minuciosamente la propuesta del presupuesto que se ejercerá en 2018 para que no se hagan recortes sin ton ni son porque no sólo es un asunto de recortes y reasignaciones, sino revisar con lupa el gasto público y los ingresos fiscales para tener como meta reconstruir transformado, teniendo claro que las consecuencias de no actuar y posponer las grande medidas preventivas es propiciar la muerte masiva de compatriotas y la destrucción del territorio nacional, la memoria colectiva es sumamente frágil, se han olvidado los daños que provocaron las inundaciones en varios estados, dejando zonas irrecuperables, enormes pérdidas económicas y de vidas humanas.
Destacados economistas afirman que sí es posible reasignar recursos a la reconstrucción sin afectar los rubros asignados al desarrollo social, los más factibles serían los de comunicación y publicidad oficial, viáticos y combustibles, entre otros, en los que el año pasado el gobierno federal gastó 50 mil mp, 5 mil millones más de lo estimado por el mismo gobierno para la reconstrucción, de manera que dinero sí hay y son nuestros recursos, la cuestión es a qué se destinan.
La CDMX ha mostrado que a pesar de todo está viva, ha revelando una resiliencia asombrosa por lo que es necesaria una orientación que asegure la reconstrucción eficiente para evitar el retroceso, igualmente en las zonas afectadas por los sismos del 7 de septiembre, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero.