Escenarios de la anulación.

“Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad”. CICERÓN.

El PAN y el Frente Por La dignidad presentaron un Juicio Electoral (de Impugnación) para invalidar las elecciones del 4 de junio pasado. De acuerdo al protocolo vigente, primero van al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), luego al Tribunal Electoral Estatal y finalmente a la Sala Regional en Monterrey (elección de diputados y alcaldes) y a la Sala Superior del TEPJF (elección de gobernador).

Una de las razones más evidentes de una elección de estado es el que el gobierno de Coahuila (Rubén Ignacio Moreira) tenga control total del OPLE (IEC, de la presidenta Gabriela De León Farías y del resto de integrantes) y del Tribunal Estatal Electoral. No es posible así, decirse autónomos, transparentes y legales.

Sentencia del TEE.

Será este viernes (28 de septiembre) o muy cerca de esa fecha, que el abogado Valeriano Valdés Cabello, a nombre del Tribunal Electoral de Coahuila “confirme la validez de las elecciones del 4 de junio”.

¿Cómo atreverse a contradecir a su patrón, cómo, si tanto Valdés Cabello como el resto de integrantes fueron inducidos en sus cargos por el señor Moreira Valdez (ya el INE había manoseado los papeles del Juicio Electoral y carpeteados, los había enviado al Tribunalito de Valeriano Moreira.

¿Qué significa esta sentencia del TEE? Quiere decir que al ratificar la validez, los querellantes (del PAN y del Frente Por La Dignidad) deberán “impugnar esta sentencia”, en evento específico… más papeles, que irán a la última instancia: Los correspondientes a la elección de diputados locales y alcaldes, a la Sala Regional en Monterrey. Los de la elección de gobernador, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).

El Juicio de Impugnación (PAN y Frente).

• Intromisión del gobierno y recursos públicos en la campaña, con recurso probatorio (elección de estado).

• Apertura de paquetes electorales, sin causal (justificación legal).

• Topes de campaña. Rebase de más del 5% (entre más porcentaje, mejor). Los recursos llevaron a que el INE México subiera al PRI el rebase al agregar el costo de representantes de casilla ($3,400,000.00).

• Las 600 actas “desaparecidas”, que el PAN no tiene y que el PRI sí, pero que difieren en número de votación, por la introducción de boletas (posterior a la elección, con folios y cejas incluidas). Mismas que representan entre el 20 y el 25% del total de actas (urnas).

• Expertos opinan que el resto de los agravios (14) presentados, no están suficientemente sustentados con pruebas.

La defensa del PRI.

• Centrar su defensa en la eliminación del modificado reglamento interno del INE (que faculta para fiscalización y cálculos de topes de campaña), mismo que fue ratificado en el caso del Edomex y usado para declarar gobernador al señor Del Mazo, fue un “error de cálculo”, que hoy los afecta sobremanera.

• Solicita incluir el cálculo matemático de rebase de topes contra los 30,000 votos de diferencia, para significar que el “millón de pesos de rebase” (según el PRI) no es igual a los votos de “ventaja”. Lograr le resten el costo de publicidad en Facebook ($600,000.00). Tratar de que se sancione a Guillermo Anaya con rebase de tope.

Los errores según expertos.

• PAN. Levantarse del cómputo distrital. Decir que tiene todas las actas en vez de decir que “el gobierno retiró 600 actas, rellenó las urnas posterior a la elección y que pretende presentarlas pero que tienen número diferente que los votos originales. No argumentar en el Juicio el tema de las actas faltantes.

• PRI. Esconder 600 actas, comprar funcionarios de casilla del PAN y saber que al presentarlas no coincidirán. Llevar la defensa jurídica a través del CEN. Haber confiado a la policía estatal la custodia de la elección y ser esta quien evidencia irregularidades, sobretodo al detenerse el conteo.

Pelea política.

El calderonista Roberto Gil Zuarth (PAN) se dice tiene el control de algunos consejeros del TRIFE, entre ellos su ex secretario particular, Reyes Rodríguez Mondragón. En el PRI piensan que ante las diferencias entre grupos azules (Calderón vs Anaya), Gil apostaría por perjudicar a Ricardo Anaya y con ello “no contribuir a la anulación de la elección de Coahuila”.

Las manifestaciones mediáticas y sociales del Frente Por La Dignidad (marchas, mítines, comunicados, declaraciones, etc.) se tratan de contrarrestar con las fotos de Riquelme: con Peña Nieto, secretarios y personajes.

Para la elección del 2018 (julio 1) el PRI se apoyaría en los gobernadores, para voto duro y recursos. Esta es razón para que el tricolor influya en la presidencia de la república y esta tuerza la mano al TRIFE, para la no anulación.

Se habla en los corrillos políticos de la salida próxima del señor Enrique Ochoa Reza al frente del CDE del PRI y de la llegada a la dirigencia tricolor, de un duro (Gamboa, Osorio Chong). De ser así, el interés por la no anulación (por los números personales de triunfos como dirigente), ya no será igual, perderá importancia.

La posible enmienda a los acuerdos cupulares con Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN  (hoy fracturados), podrían dar nuevo apoyo a la anulación. Hay un paquete de leyes detenidas en las cámaras y el PRI-Gobierno requiere del voto del Frente Amplio (PAN-PRD-MC). Ello anima acuerdos mayores.

Los del Frente Por La Dignidad están planeando su futuro. Más allá de la nulidad están sus aspiraciones personales:

• El mismo Guillermo Anaya deja abierta la puerta para volver a ser senador, si habiendo anulación es castigado, o ante la ratificación.

• Armando Guadiana también plantea su candidatura al senado, corriendo de mayoría para los votos de MORENA y amarrando la pluri, por si se ocupa.

• Javier Guerrero García, buscará apadrinamiento del PRD y otros o persistirá en la independencia y también buscará la senaduría (es diputado federal con licencia y podría regresar y ser candidato a la vez).

• Lenin Pérez ya plantea alianza estratégica con MORENA para los intereses de UDC y su candidatura a la alcaldía o a una diputación federal.

• Lucho y José Ángel dependen de la anulación más que verse de nuevo compitiendo.

PD. 

La anulación de la elección reviviría al repudiado H. Moreira I y a su liquidado Partido Joven. A nadie escapa que su cuñada Caro Viggiano (Villano se pronuncia) y su hermano y beneficiario, Rubén Ignacio, fueron quienes acabaron con sus  aspiraciones políticas, operaron su expulsión del PRI (y la quitada del retrato).

Los principales activistas del PJ fueron corridos del gobierno del estado, en pleno proceso electoral. Los líderes del PRI ordenan intervenir en la campaña de los candidatos del joven y dificultarles el tránsito en el terreno. Se dedicó especial atención a hacer fraude en la elección de Pancho Colonias, de Ana Tesoro y de otros candidatos como en Muzquiz y Piedras Negras.

PJ perdió el registro, H. Moreira I no llegó a la curul, y por ese fortuito canibalismo familiar, el PRI (Moreira) perdió la oportunidad de controlar el congreso estatal.

El gobierno alarga los plazos, detiene al TEE. El TRIFE no lleva prisa. Podrá irse a noviembre la decisión. Por hoy: NADA PARA NADIE.

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