El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) inició el proceso de indemnización a las familias de las víctimas del incendio del pasado 27 de marzo en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 migrantes extranjeros, cuyo monto total asciende a 140 millones de pesos (mdp).
En un comunicado, el INM detalló que se pagarán 3 millones y medio de pesos por cada una de las víctimas.
Informó que el pasado 18 de mayo, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización correspondiente.
“El 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos; la SHCP validó este monto al INM para el pago respectivo. El INM continúa en el procedimiento para la indemnización a los beneficiarios”, indicó.
En el caso de los migrantes lesionados que fueron trasladados a la Ciudad de México, para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente de los mismos las 24 horas del día, para gestionar los servicios que requieren.
El Instituto precisó que durante su estancia en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México, a petición de la CEAV, los lesionados y sus familias han recibido productos de higiene personal, medicamentos especializados de alto costo para todos los pacientes, celulares, tarjetas de tiempo aire, ropa, calzado, lavandería, suplementos alimenticios y peluquería; así como, pañales, toallas húmedas, leche y otros.
Ademas, derivado de la petición de los familiares, fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, plazas comerciales y sitios de recreación.
Respecto a las acciones para cumplir con el mejoramiento de las condiciones de estancia de las personas migrantes en las sedes del INM, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó pericialmente daños en el inmueble de la Estación Provisional por un monto de un millón 893 mil 915.38 pesos. Resolución que el INM puso en conocimiento Agroasemex, aseguradora del Gobierno de México, para lo procedente.
El INM notificó a la empresa de seguridad CAMSA S.A. de C.V. las causales de recisión de contrato de prestación de servicios y se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y de ello se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que certificara las condiciones éstas y determine cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.
Con carácter de urgente, el INM solicitó a los titulares y encargados de las oficinas de representación acelerar los procesos de operación y capacitación en materia de Protección Civil.
“Para garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes y después de concluido el proceso de supervisión directa de la totalidad de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de Protección Civil”, que consisten en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas, recalcó.
También se inició la validación de los proyectos de protocolo de actuación y códigos de emergencia, a fin de favorecer la operación segura de las estaciones migratorias y estancias provisionales.
Asimismo, se ordenó formalmente a todas las autoridades del INM acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros.
De igual forma, se instruyó el retiro inmediato de las rejas de protección metálica colocadas en el medallón, los costados, por dentro y por fuera, de las camionetas tipo van, que se utilizan en las acciones de movilidad de los migrantes, como acción de protección civil.
Con fecha 2 de julio se recibió la recomendación 111VG/2023 de la CNDH “sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno a la vida y a la integridad y seguridad personal, por actos y omisiones del personal del INM”, misma que se aceptó parcialmente.
De las 54 sedes que tiene el INM, 17 continúan abiertas, con una capacidad de 3 mil 791 espacios, que constituyen el 73 por ciento de la capacidad total instalada.
El INM anunció que continuará con las visitas de supervisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales, con la finalidad de verificar que su operación y funcionamiento se efectúe en apego a lo establecido en la Ley de Migración y su reglamento.
Finalmente, recordó que por los hechos del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, fueron vinculados a proceso los servidores públicos del INM: Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre y Gloria Liliana Ramos García.
El Universal