“Juan”, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch, recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
La declaración del testigo protegido, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, se refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice.
Omar García Harfuch era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, durante el 2014.
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, asegura el declarante cuya identidad está reservada.
Como testigo protegido, “Juan” es profuso en detalles sobre cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos.
La relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Uno de ellos, el Capitán del Ejército, José Martínez Crespo, se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1.
En el marco de esa declaración es donde “Juan” implica a García Harfuch y a otros mandos. Según el testigo, el ahora jefe de la policía capitalina estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970.
“Juan” refiere que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señala son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, Secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero, respectivamente, en el Gobierno del perredista Ángel Aguirre. Estos funcionarios recibían 50 mil dólares mensuales, según el dicho de “Juan”.
Daba $5 millones narco a militares
Guerreros Unidos tenía en su nómina a los Batallones 27 y 41 de Infantería, al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, a policías ministeriales y municipales, y hasta al entonces jefe de la Policía Federal en la entidad, Omar García Harfuch.
Así lo dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) en una declaración del 10 de febrero de 2020 el testigo protegido identificado como “Juan”, quien asegura que pagaban desde 60 mil hasta 5 millones de pesos mensuales a cada militar que tenían en la nómina.
Señala que el mejor pagado era un General, aunque sólo identifica a un Coronel, mando de uno de los batallones, como receptor de sobornos.
Según “Juan”, también estaba en la nómina el entonces Procurador estatal Iñaky Blanco, y el Secretario de Seguridad Pública del estado Leonardo Vázquez Pérez, quienes en 2019 se presentaron a declarar ante la Fiscalía por el caso Iguala.
“La Policía estatal, la Policía de caminos, la federal ministerial, la municipal ya estaba controlada por ser del Municipio donde operaba el grupo”, dice “Juan”.
De acuerdo con el testigo colaborador, el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo de 2018 en Tonatico, Estado de México.
Nómina castrense
Según las afirmaciones de “Juan“, los elementos de los Batallones 27 y 41 de Infantería recibían mensualmente entre 60 y 120 mil pesos por protección, que incluía transportar en vehículos militares tanto droga como armas para Guerreros Unidos.
En una parte de su declaración, dice que un General podía costarles una mensualidad de 5 millones de pesos, aunque no identifica con nombre y apellido a alguno que recibiera dinero.
Menciona que “El Güero Mugres” hablaba mucho de un General de apellido Saavedra, al que describe como una persona vieja, de ceja poblada negra, cabello entre cano, entre 1.70 o 1.74 metros de estatura, “robusto, nariz boluda, tez clara”.
“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un Teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un Capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres’”, menciona.
“‘El Güero Mugres’ lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar, la cooperación se hacía y luego se iba a entregar, se sabía que el dinero se les entregaba porque esa gente se le mandaba el recurso, se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba”.
“Juan” afirma que un Coronel de apellido Nieto es quien recibía el pago de la nómina para el 41 Batallón de Infantería. Con respecto al 28 Batallón, no especifica quién era el que cobraba a los traficantes.
En más de una respuesta al interrogatorio de la FGR, el testigo dice que su vida está en riesgo y que por ello prefiere no abundar en detalles y nombres de militares implicados.
Estatales y municipales
Guerreros Unidos también enviaba mensualmente 50 mil dólares al Procurador estatal Iñaky Blanco y otro tanto al Secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Cuando había un policía que no pasaba los exámenes de control de confianza, el grupo criminal pagaba 2 mil dólares adicionales para que no fuera dado de baja de la corporación, agrega el testimonio.
Este pago al jefe de Seguridad Pública se hacía llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, “La Canperra”, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, Teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el Fiscal Iñaky Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al Teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaky le entregaba Gabriel, alias ‘El Pelón’, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declara.
A los mandos de la Policía estatal les daban 80 mil pesos cada mes; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
El informante dice que el jefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
También a federales
El hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entonces jefe de la Policía Federal en Guerrero, es el mando federal más importante que, según “Juan”, estaba a sueldo y brindaba protección a Guerreros Unidos.
“Era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014, recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice el testigo.
“Sé que quienes hicieron pacto con él fueron los Casarrubias Salgado y ‘El Güero Mugres’, lo supe porque los Casarrubias dijeron que les ayudaba bien Omar García Harfuch, porque estaba bien conectado con la Sedena y obvio en la Policía Federal”.
Al mando policiaco lo describe como una persona de cabello negro, lacio, bien recortado como militar, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez moreno claro y complexión regular.
“Juan” también dice que pagaban 40 mil pesos al mes a los agentes de la PF adscritos en Iguala y Taxco. En el caso de Iguala, gastaban 600 mil mensuales por todos los federales adscritos.
Sin embargo, deslinda a un elemento de apellido Dorantes, de los pagos que hacía Guerreros Unidos a la PF. Es al único que refiere que no aceptaba dinero, aunque sabía que sus colegas eran sobornados.
Con relación a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal Ministerial (PFM), el informante también dice que cobraban una renta a los criminales, pero no especifica nombres ni cantidades.
“Por lo que hace a la PFM , sé que participó, pero no conozco a sus elementos porque el encargado de negociar y pagarles la nómina era el licenciado Ángel Víctor Esquivel, que es una persona que en ese tiempo tenía un problema en una pierna, por lo que rengueaba, sin recordar de qué pie”, dice el interrogatorio.
Grupo Reforma