La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), en un esquema idéntico al de la llamada “Operación Safiro”.
La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó esta madrugada. Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, que hoy es coordinador de los diputados federales del PRI.
El juez federal consideró que había elementos iniciales suficientes para presumir que los delitos se cometieron y que el imputado puede estar implicado, por lo que ordenó vincularlo a proceso y dio tres meses más de investigación a la FGR. Como medida cautelar se le retiró a Ramos Flores su pasaporte para que no salga del país, y se le pidió tampoco abandonar la ciudad.
La acusación señala que los 475 millones de pesos fueron desviados mediante 15 contratos simulados para la prestación de servicios como cursos y asesorías. En la audiencia los fiscales presentaron pruebas de que los servicios contratados se realizaron de manera irregular.
La investigación fue emprendida por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR a raíz de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por malos manejos del Fortafin, un fondo federal que fue creado por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que era asignado de manera discrecional a los estados desde la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Ese mismo fondo fue utilizado presuntamente para triangular millones de pesos de recursos públicos entre la SHCP, el gobierno de César Duarte en Chihuahua y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para financiar ilegalmente campañas electorales priistas, un mecanismo de desvíos bautizado como “Operación Safiro”, según una investigación iniciada por la Fiscalía General de Chihuahua en 2016.