Este martes se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, el tercer foro de consulta sobre la reforma al Poder Judicial con los temas: Austeridad, Fideicomisos y Derechos Laborales de los Trabajadores del Poder Judicial.
A la inauguración de este foro acudió la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio una serie de cifras sobre excesivos ingresos de los ministros de la Corte, por ejemplo, que ganan como sueldo base 300 mil pesos mensuales más múltiples prestaciones como un millonario seguro de vida, aguinaldo de más de 600 mil pesos, dos autos blindados más diez personas para su servicio y seguridad, y un largo etc.
El legislador morenista aseguró que están garantizados los gastos para liquidación de los mil 600 jueces, magistrados y ministros que dejarán su cargo con la aplicación de la reforma judicial y dio a conocer el monto que tendrá la elección de los nuevos impartidores de justicia.
“Mucha gente se pregunta cuánto costará la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados, en un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE a quien se le faculta esta responsabilidad pudiera erogarse entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos por única ocasión. Se podría destinar, incluso, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser entregados a la Tesorería. Para nosotros la austeridad si es una política de Estado”.
En contraste el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, consideró que en la aplicación de la justicia no puede haber austeridad, sobre todo cuando hay tantas carencias en los juzgados tanto de personal como infraestructura, además, de las extenuantes jornadas de trabajo por el cúmulo de expedientes que se tienen que juzgar.
“Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo en los tribunales de justicia locales, no es posible hoy hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto. Además, de su aplicación oportuna, transparente y eficiente, eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones en su trabajo y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”.
En tanto, la única mujer jurista que participó en este tercero foro, fue la Visitadora del Consejo de la Judicatura Federal, Carolina Villagrán, quien denunció que casos de corrupción, nepotismo, acoso sexual, e intimidación dentro del ámbito judicial por lo que estas lacras deben terminar con esta reforma constitucional.
“Tenemos una Unidad Especializada en combate y acoso laboral y sexual, no lo dejemos de lado porque es una realidad que viven y vivimos, porque me incluyo dentro de ello, todas las funcionarias de este Poder Judicial de la Federación, el acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, temas de nepotismo y la consecuencia es que el pueblo de México no confía en nosotros. No es un tema de recursos, sino de vocación, claro que se puede tener austeridad siempre y cuando haya racionalidad”.
Además de legisladores y otros ponentes entre abogados, jueces y juristas como el Magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, defensor de los intereses de la compañía Iberdrola y cuyos amparos frenaron iniciativas presidenciales en materia energética, se pronunció en contra de la reforma judicial.
Sostuvo que esta propuesta afectará a más de 50 mil familias de los jueces, ministros y magistrados que serán liquidados, y que la austeridad que plantea la iniciativa de López Obrador podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial. Es más, propuso que se fije un porcentaje del PIB para que se destine de manera permanente al sistema de justicia en México.