De acuerdo con un reporte publicado hace más de un año por la secretaria de “Seguridad” y “Protección” Ciudadana del gobierno actual (las comillas las agregué yo), Rosa Icela Rodríguez, periodista de profesión y ahora cabeza de la secretaría federal encargada de brindar seguridad y protección a los ciudadanos de México, los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto gastaron alrededor de $61 millones de dólares en la compra de un software de espionaje llamado Pegasus. 31 contratos que incluso fueron disfrazados como compra de otro tipo de equipos o servicios y donde se utilizaron empresas fantasmas para obtener dicho software de la empresa israelí NSO Group. En ese entonces, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, habló también de contratos de US$300 millones de dólares relacionados con compra de software y servicios de espionaje que además incluyeron sobrecostos que de alguna forma regresaban a manos de los funcionarios públicos. Nieto sugirió que el mismo AMLO había sido víctima del espionaje realizado con Pegasus.
El presidente López Obrador prometió en campaña nunca utilizar software para espiar; también ha repetido en diversas ocasiones que su gobierno no usa dicho software. Sin embargo, reportes recientes que empiezan a ser barridos debajo del tapete del mayoreo de cajas chinas que maneja la 4T, indican que la inversión en el juguete de espionaje que Calderón y Peña hicieron no solo sigue en uso bajo el gobierno de AMLO, sino que además es el mismo ejército todopoderoso al que AMLO le ha dado las llaves del país, quien lo ha estado usando con la excusa de la “seguridad nacional”. Después de lo ofendidos que estaban en la 4T cuando se enteraron del escándalo Pegasus de otras administraciones, vemos cómo la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el tema se mueve al paso de un caracol dormido. De acuerdo con una nota de Abel Barajas (Reforma) de inicios de este año, parece haber solo una persona detenida (Juan Carlos García Rivera) y existe un informante protegido (Zeus) que declaró que la SEDENA habría comprado el software Pegasus en 2015. Como en muchos casos de ineptitud y corrupción sistemática gubernamental, aquí aplica el famoso refrán “piensa mal y acertarás“. AMLO quiere desmarcarse de otros gobiernos repitiendo hasta el cansancio que él y los suyos no son iguales a los de antes; sin embargo, pareciera que eso es solo una frase pegajosa que bien pudiera ir impresa en una camiseta de esas burlonas. El gobierno actual, como los anteriores, están llenos de personajes y prácticas cuestionables. El gobierno actual ha reforzado la regresión en materia de transparencia gubernamental y pareciera más interesado en que se “transparente” de manera ilegal la información de los ciudadanos que le incomodan o le interesan de forma especial. Aún si quisiera revertir esa tendencia y poner orden en materia de transparencia o de espionaje ilegal, se toparía con que habría que estirarle la cola al tigre que es la SEDENA, aún más en un sexenio donde el presidente ha decidido, por razones inexplicables, entregar cada vez más funciones e influencia propias del gobierno civil a los militares. Es decir, el presidente se ha puesto en cuenta de cero bolas, dos strikes y dos outs en la parte baja de la séptima entrada de un partido que no parece estar ganando y en el que es poco claro entender quién de su equipo le ayuda o le obstruye más. Inexplicablemente le dio el timón del equipo a los militares.
Mientras, los ciudadanos seguimos estando al final de la lista de prioridades de los políticos de hoy y de siempre. La Cámara de Diputados y la de Senadores, si realmente fueran representantes de los ciudadanos y no de los intereses de sus partidos o sus agendas políticas personales, deberían estar pidiendo comparecencias urgentes de aquellos miembros del gabinete que tienen que ver con gobernabilidad y seguridad para determinar si ellos, juntos con el presidente, deben ser enjuiciados por incompetencia, en el mejor de los casos, o por traición a la patria, en el peor. No debe normalizarse el que un gobierno no sea solamente extremadamente opaco, sino que además se entrometa ilegalmente en la vida privada de los ciudadanos, sin importar si el afectado es un periodista, intelectual, sujeto de interés o ciudadano común y corriente que se atrevió a criticar (con o sin razón) el actuar del presidente y su grupo de incondicionales.
Tal vez AMLO tenga razón. Ellos no son iguales a sus adversarios y nunca nos enteramos de que a lo que realmente se refería no era a que eran distintos por ser mejores, sino que él sabía que no eran iguales porque ellos simplemente son peores… en un concurso por encontrar a los menos nocivos para México, en este y muchos temas.