Diputado presenta denuncia en contra del tesorero del Congreso del estado de Coahuila, al considerar que oculta información de la nómina.
En el mes de mayo de 2021, el diputado Rodolfo Walss presentó tres escritos dirigidos al tesorero del Congreso del Estado de Coahuila, para solicitarle, entre otros datos, la relación total de personas que se encuentran contratadas bajo el régimen de asimilados en la presente legislatura, incluyendo el nombre completo, la percepción asignada, y en su caso, las prestaciones conferidas.
También pidió se le informara por escrito los motivos por los que se crearon nuevas plazas de trabajo en este Poder Legislativo durante la actual legislatura, así como el total de personas beneficiadas con los puestos de nueva creación, señalando el nombre o denominación del cargo, el nombre de la persona contratada, la clave presupuestal, y el total de percepciones que les corresponden a cada una.
Indicó que, transcurrido tiempo más que razonable, es evidente la negativa del tesorero del Congreso, Javier Lechuga Jiménez, de proporcionar la información solicitada, información que por su naturaleza, es pública.
Manifestó que “la negativa del tesorero de brindar la información materializa una violación a mi derecho político-electoral en su vertiente de libre y efectivo ejercicio del cargo” y consideró que la conducta del funcionario viola de manera flagrante lo señalado por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, que señala que son derechos de los diputados, en los términos de la presente Ley, acceder a todos los documentos del Congreso del Estado.
En razón de lo anterior, el diputado Walss dijo que presentará este miércoles un juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano (conocido como JDC), el cuál será ingresado en la Oficialía Mayor del propio Congreso del Estado a las 9:45 horas.
Cabe señalar que tanto el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han señalado en diversas sentencias el criterio de que las solicitudes de información, documentación o gestiones que realice una persona que ostenta un cargo de representación popular, deben ser entendidas como un instrumento para su pleno desempeño y toma de decisiones, en razón de ello, las entidades a quienes se le solicita la información están obligadas a proporcionarla en tiempo y forma.