Ejidatarios de Ocampo, denuncian que la Comisión Nacional de las Zonas Áridas construyó bebederos y sistemas de distribución que no sirven, y los mismos campesinos tienen que llevar agua para que los animales no se mueran de sed.
Todos los días, a eso de las 6:00 de la mañana, “Guaro”, ejidatario de Piedritas, en el desértico municipio de Ocampo, Coahuila, tiene que ir hasta el pozo del pueblo, bombear el agua, llenar el tinaco de mil 500 litros empotrado a su vieja Ford y acarrear el líquido hasta unos bebederos que hace cinco años puso la Conaza (Comisión Nacional de las Zonas Áridas) a varios kilómetros de aquí.
Todo porque dichos bebederos que, se supone, están conectados a un sistema de distribución instalado en el pozo comunitario no tienen agua, permanecen secos, en una palabra no funcionan.
“Nunca funcionaron”, dice “Guaro”.
La operación de llevar agua en su camioneta hasta el erial le cuesta a “Guaro” unos 175 pesos diarios de gasolina, “y luego lo barata que está”, dice, pero es preferible este gasto a que sus vacas, yeguas y chivas mueran de sed en medio del monte árido, a 45 grados de temperatura.
La historia de “Guaro” se parece mucho a la de sus coterráneos, los campesinos de ejidos como San Miguel, Nuevo Milagro, La Unión y Santa Fe del Pino (Ocampo), en cuyos agostaderos lucen como elefantes blancos, y en total abandono, decenas de obras hidráulicas con el emblema del cactus que identifica a la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza).
La imagen de las camionetas con sus tinacos, listas para cargar agua del pozo del ejido y llevarla hasta a los bebederos pecuarios en las profundidades del desierto, se repite desde la entrada a estos poblados.
Y en todos ellos el sentir es el mismo: que algo no salió bien, que a los técnicos les fallaron los cálculos, que el asunto estuvo malparido desde el principio. Y que la Conaza defraudó a los campesinos, que se burló de ellos, que los timó. Los proyectos que constan de presas o estanques, equipos de bombeo, que trabajan con celdas solares, líneas de conducción, piletas de almacenamiento y bebederos pecuarios sobrepasan, en algunos casos, los seis millones de pesos. Cientos de miles de pesos convertidos en ruinas, tirados en medio de la nada.
Según los ejidatarios, la Conaza, a través de la llamada Agencia de Desarrollo Rural (ADR), empresas de servicios profesionales que, dicho sea de paso, son seleccionadas por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y asignados por Zonas Áridas para la elaboración de proyectos, acompañamiento técnico, puesta en marcha y extensionismo, hizo construir en varias de estas comunidades, con la participación de los propios campesinos, una serie de obras sin estudio previo sobre las necesidades y condiciones que aquejan a los productores del desierto de Ocampo.
Los productores denuncian además la deficiente planificación, diseño y construcción de los proyectos de captación, conducción, almacenamiento e infiltración de agua de lluvia, en las localidades mencionadas.
Ejemplos:
Una presa que tardó más de tres años en terminarse, que aún no está compactada y que nunca ha captado agua, en el ejido San Miguel.
Un bebedero en Piedritas cuya fuente de abastecimiento se ubica a unos 18 kilómetros y por eso el agua no llega y los ejidatarios deben acarrearla en sus trocas, con su gasolina, para evitar que sus animales se vayan a encalmar, que quiere decir, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “sofocarse o enfermar por exceso de calor o trabajo”.
Otra presa en el Nuevo Milagro que siempre ha estado vacía y por eso la pila y el bebedero, que dependen de ella, están secos.
Trece bebederos en La Unión que no tienen agua, porque la bomba y las líneas de conducción, instalados en el pozo, usado por el ejido para consumo humano, son insuficientes para llevar el líquido a varios kilómetros de distancia.
Y otros tres bebederos en Santa Fe del Pino que no han salvado de morir a los animales de los lugareños en esto meses de seca.
Aunado a esto los campesinos reprochan que la Comisión Nacional de las Zonas Áridas se haya aprovechado de los pozos de agua potable de estas comunidades para instalar los equipos de bombeo que llevarían el líquido hasta las pilas, y luego a los abrevaderos, cuando debió haber gestionado la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento cercanas a las obras en cuestión y así garantizar su buen funcionamiento.
Denuncian además que los comités de ejidatarios, formados por la Conaza para la administración y manejo de los recursos de las obras, nunca tuvieron acceso a los fondos de los programas.
En cambio, cada cierto tiempo, los técnicos de las agencias de Desarrollo Rural, encargados de ejecutar los proyectos, iban donde los campesinos y los hacían firmar cheques en blanco.
Los productores de Piedritas y San Miguel hablan de una tal contadora Rocío y un médico Galeano de Torreón, quienes los obligaban, bajo amenaza de retirar los apoyos y asignarlos a otras comunidades, a endosar tales bonos.