Acaban $34.8 millones de Coahuila junto a canal de aguas negras en Chalco

Una vivienda en obra negra junto al canal de aguas negras Solidaridad, en Valle de Chalco, Estado de México, es el domicilio fiscal que facturó 34 millones 800 mil pesos al Gobierno de Coahuila el pasado 11 de julio por “servicios profesionales de representación y relaciones públicas”.

A través de una transferencia electrónica, a nombre de la persona moral Asesores Actualizados, S.A. de C.V., la Administración estatal encabezada por Miguel Riquelme pagó en una sola exhibición la referida cantidad compuesta por 30 millones de pesos en “honorarios” más el 16% de IVA trasladado, como consta en un comprobante fiscal digital por internet emitido a las 00:02 horas, 10 días después de la jornada electoral de 2018, en poder de quien esto escribe.

Sin embargo, luego de verificar las inscripciones en la Oficina Registral 101 de Chalco del Registro Público de Comercio, no existe constancia de que Asesores Actualizados, S.A. de C.V. esté constituida legalmente como sociedad mercantil. Tampoco lo está en ninguna otra demarcación territorial. Aunque, por separado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) validó su clave del Registro Federal de Contribuyentes y certificó la factura que da pie al negocio.

Eso supone que la empresa sirve para facturar y simular operaciones financieras nada más. Lo anterior no es descabellado pues que una sociedad mercantil aparezca en el SAT con registro vigente ha sido la justificación perfecta para que, en el pasado, gobiernos estatales como el de Veracruz o Chihuahua, cuyos responsables están recluidos y prófugos respectivamente, desviaran miles de millones de pesos del erario.

En el listado completo de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT, cabe señalar, es común encontrar combinaciones alfanuméricas de características similares a las del caso en comento, y 88 razones sociales que contienen la palabra “asesores” han sido identificadas como empresas fantasma al 26 de marzo de 2019. Ojo.

Inclusive Asesores Actualizados, S.A. de C.V. se llegó a ubicar en el buró de crédito durante 2016 gracias a un adeudo pendiente con Unión de Crédito Integral del Golfo (Unicreo), S.A. de C.V., y aquí viene un detalle curioso e interesante a la vez: en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), por su parte, fue registrada con una dirección inexistente, en el centro de Saltillo, Coahuila, bajo el giro “asesoría financiera”.

Por eso llama la atención que, con esos antecedentes económicos y administrativos, tenga la capacidad para vender “servicios” por casi 35 millones de pesos al Gobierno del Estado, y particularmente que este la utilice como proveedor.

CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, como contacto de Asesores Actualizados, S.A. de C.V. ante el SIEM se identifica Óscar Balcázar Quintero, presidente de la empresa Serta de México, S.A. de C.V., también conocida como SERTA Marketing Intelligence Partner, quien junto a sus hijos Óscar y Laura, de apellidos Balcázar Guzmán, realizan estudios de investigación de mercado y opinión pública desde Naucalpan, Estado de México.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Camino al domicilio del proveedor, en un sector marginado de Chalco, Estado de México, aquejado por la inseguridad y especialmente una crisis de feminicidios, solo una barda con pintura descorchada y añejada por el sol que todavía publicita al perredista Juan Zepeda, candidato a Gobernador del Estado de México en 2017, y un baile “totalmente gratis” con la Orquesta colombiana de salsa Guayacán, sirven como referencia.

Es una construcción ubicada a 100 metros de un canal de aguas negras, con un rótulo exterior desvencijado que alguna vez anunció a la miscelánea Mónica tras un cuarto de ladrillo grafiteado con la palabra “puta”, techo de lámina acanalada y un portón oxidado por el paso del tiempo.

Ahí, justo ahí, vendieron “servicios profesionales de representación y relaciones públicas” al Gobierno de Coahuila por 34 millones 800 mil pesos.

Sí, representación y relaciones públicas. Sin procedimientos de asignación directa ni licitación, y sin figurar siquiera en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

Luis Carlos Plata/Zócalo 

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