Un grupo de inversionistas de Baker Hughes pidió a la empresa investigar y dar información relativa sobre un posible conflicto de interés y posibles “acciones ilegales” derivadas de la publicación de información respecto a la renta de una casa en Texas por parte de Keith Schillings, ejecutivo de Baker Hughes, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una carta firmada por el abogado de los accionistas, Juan Carlos Luna, el representante legal pidió una investigación a la empresa sobre el tema, alegando “irregularidades” en este sentido y señaló que la misiva también fue enviada a la Comisión de Valores de Estados Unidos y al Departamento de Justicia.
“Por circunstancias que aún no están claras -que generan una válida y justificada preocupación de posibles acciones ilegales-, el señor Keith Schillings, ejecutivo de Baker Hughes, otorgó el uso de una residencia en Conroe Texas, registrada a su nombre, a José Ramón López Beltrán (hijo del Presidente de México) y su esposa, Carolina Adams. El matrimonio López ocupó dicha propiedad durante un período entre 2019 y 2020, coincidiendo con el momento en que Pemex otorgó importantes extensiones e incrementos de costos a los contratos con Baker Hughes”, señala la misiva.
El documento añade que el momento y la óptica de los hechos “simplemente no son buenos”, pues crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría “haber cruzado la línea de lo legal y obligaciones éticas de Baker Hughes”.
“Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”.
El abogado consideró que existe suficiente evidencia sobre los hechos, pues han sido reportados en varios informes de investigación independientes en México y Estados Unidos. “Los contratos referidos que Baker Hughes tiene con Pemex son un hecho conocido, y también debe tener información sobre el proceso de vía rápida que se llevó a cabo sin licitación pública, ni procedimiento estándar dentro de Pemex, y los procesos de aprobación laxos bajo los cuales ocurrieron dichas prórrogas”, mencionó el abogado.
Los elementos mencionados, dice la carta, podrían sumar un escenario delicado para Baker Hughes.
“En resumen, parece que la situación podría verse gravemente comprometida en virtud de las siguientes piezas del rompecabezas: (i) el hijo de un presidente mexicano involucrado, (ii) una administración mexicana que ha sido severamente criticada, nacional e internacionalmente, por sus escándalos de corrupción, (ii) un país con un Estado de derecho débil, (iv) la esposa de dicho individuo, persona expuesta políticamente, que ha actuado como intermediaria de negocios energéticos a escala internacional, (v) la millonaria extensión de Baker los contratos de Hughes con Pemex, y (vi) ambas empresas luchan con sus propias investigaciones de escándalos de corrupción en el pasado”, detalla.
Consideró lamentable que “el conjunto de coincidencias” ocurriera al mismo tiempo que se concretaron los contratos entre la empresa estadounidense y la petrolera mexicana y cuando uno de sus ejecutivos, otorgó el uso de una residencia de lujo donde vivía la pareja mencionada.
“Esos son hechos que no se pueden ignorar. Tiene el deber fiduciario de actuar en consecuencia, investigar e informar según corresponda”.
Sobre la información brindada en semanas recientes respecto al tema, Juan Carlos Luna dijo que fue insuficiente “en claridad, profundidad, información y compromiso para investigar más a fondo este tema delicado”.
“Con base en sus esfuerzos y compromiso para fomentar una cultura de diálogo abierto, colaboración y toma de decisiones rigurosa para crear valor a largo plazo para sus partes interesadas, debe considerar la urgencia de realizar una investigación más sólida y completa de este asunto e informar las autoridades, sus inversores y los medios de comunicación, según corresponda. Eso es lo correcto. Está en línea con sus lineamientos de cumplimiento corporativo y compromisos éticos”.
El representante legal advirtió que el impacto negativo sufrido por los inversionistas por malas acciones pasadas, el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias enfrentadas en acciones corruptas pasadas, es motivación suficiente para dar la debida visibilidad y actuar de inmediato para explicar esta situación en detalle.
“Debido a las posibles implicaciones, la naturaleza pública de esta situación, la naturaleza política de las personas involucradas y la mayor visibilidad que está teniendo este asunto, he compartido esta comunicación con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, para ampliar su conocimiento de este asunto”, concluye el abogado.