La escasa disponibilidad del agua para consumo humano en México está más que probada, el estrés hídrico es alto ya que este país ocupa el 2º lugar en Latinoamérica en ese rubro y el 24 en el mundo, es claro que la crisis del agua puede agravarse ya que las sequías se han ido prolongando y las precipitaciones pluviales bajan.
A México le urge invertir en tratamiento de aguas y atención medioambiental y esforzarse en tratar de reusar y reciclar. Un grave problema ambiental es que muchos de los cuerpos de agua de este país están intensamente contaminados. Los conflictos de la falta de acceso al agua se multiplican, sobre todo en las zonas más pobres rurales y urbanas.
El Congreso de la Unión ha sido particularmente omiso en publicar la Ley General de Aguas, hace 8 años que debió legislarse y no se ha trabajado para publicarse, hasta ahora funciona la promulgada en 2004 que contiene vacíos o asuntos ineficaces que son urgentes de reformar y adecuar a las circunstancias que vive el país en esta materia.
Es mucho y muy sustancial lo que el gobierno tiene por hacer de acuerdo con las recomendaciones de la Visita oficial a México del Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento hace casi 4 años.
La doctora Gloria Tobón asistió y participó la semana pasada en los foros: “Situación y crisis hídrica en Baja California”, realizados en Mexicali y Tijuana, Baja California, ahí presentó un panorama general sobre la situación del agua en México; su análisis se centró en la privatización de los Organismos Operadores (OOs) procesos que se iniciaron en 1993, apunta Tobón, durante ese tiempo los gobiernos del país no han cesado en sus intentos de promover la privatización mediante el cambio de leyes y programas para abrir las puertas a la participación de las empresas privadas mediante concesiones de la operación del sistema, o empresas mixtas que consisten en la venta de una parte de acciones del organismo que opera el socio privado. Aunque también se han presentado procesos de remunicipalización de los sistemas de operación, como en Ramos Arizpe, Coahuila y Navojoa, Sonora.
El Banco Mundial ha sido uno de los principales promotores y presiona para que la privatización de los sistemas operadores de agua pasen a manos de las empresas privadas, cuando se ha llegado ha estos procesos, las licitaciones son opacas y sin participación ciudadana, la que finalmente, es la dueña legal del agua por ser ésta un bien público.
La doctora Tobón expone que en las negociaciones para el traspaso de operación para la distribución del agua surgieron sospechas de corrupción y los contratos comprenden elementos muy favorables a las empresas, tales como el que en los contratos no se clarifiquen las sanciones a las que estarían sujetas las empresas de no cumplir con los compromisos asumidos, además de que los compromisos de las autoridades públicas tampoco son claras, así que ambas hacen lo que les conviene sin que haya sanción alguna.
De acuerdo al recuento que hace la autora, en México se han presentado al menos 10 casos de privatizaciones del servicio del agua y al menos 7 intentos que aún no se han realizado.
En sus conclusiones la autora enfatiza que hasta ahora las autoridades guardan silencio sobre las privatizaciones del agua, pero están promoviendo Leyes Estatales de Asociaciones Público-Privadas (APPs), que claramente es una forma simulada de privatización.
Aunque hay decenas de organizaciones sociales convencidos de participar en la defensa del agua como bien público y vigilar la gestión de este servicio vital formado redes internacionales para compartir objetivos, información y apoyo sustentable de este recurso para las generaciones del presente y del futuro.
Bien por la autora que denuncia la colusión de las autoridades y los operadores privados de nuestra escasa agua para el consumo humano.