De acuerdo con personas de la comunidad de General Cepeda, el basurero tóxico instalado en el ejido Noria de la Sabina cerró las puertas para su operación desde hace por lo menos una semana.
Esto ocurrió luego de varios años en que la comunidad de General Cepeda insistió en el daño que la instalación de dicho Centro provocaba al medio ambiente de la zona.
Incluso, este lugar ha registrado incendios en por lo menos dos ocasiones en sus instalaciones.
Este mismo centro, incluso ya cuenta con sentencias que fueron promovidas por el Colectivo Sí a la Vida, donde fue solicitado el cierre hasta en tanto no cumpla con diversos requisitos.
Sin embargo, en medio de la controversia que se generó públicamente, este mismo lugar siguió trabajando hasta el lunes pasado.
Fuentes cercanas a las demandas que se hicieron desde el colectivo, sospechan que dicha situación se trata de una argucia por parte de la empresa propiedad de Daniel Calvert, toda vez que la misma tendría pendiente una revisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Dicha inspección fue solicitada por un grupo de activistas y personas de la comunidad en General Cepeda, que también le fue solicitada a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación.
LLEGA CON ENGAÑOS
Los habitantes del ejido Noria de la Sabina recuerdan que el personal de la empresa SEMNSA (Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A.) se presentó en el ejido Noria de la Sabina como Fundación Yuye Martínez, repartiendo dádivas y sin decir la verdad de sus intenciones.
La empresa operadora del basurero tóxico llegó “a escondidas”. A los campesinos directamente afectados les dijo que iban a poner una granja avícola y que les iba a dar trabajo.
Y agregan: “El alcalde priísta Rodolfo Zamora Rodríguez declaró no saber nada, siendo que ya había firmado la autorización para la instalación del basurero”.
Desde antes de su instalación en 2016, habitantes de General Cepeda se opusieron a la llegada del basurero tóxico, pues temían que afectara el acuífero.
En abril de 2018, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunció ante la Profepa presuntos daños ambientales del lugar operado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S. A.