Para avanzar en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, se decretó la expropiación “inmediata” de ocho inmuebles de propiedad privada, con una extensión de más de 165 mil metros cuadrados, en el estado de Quintana Roo.
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de julio se declara de utilidad pública “la ocupación temporal de 165 mil 250.25 m2 de propiedad privada, ubicados en los municipios de Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo, los cuales serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el proyecto Tren Maya”.
De acuerdo con Proceso, de los ocho inmuebles expropiados, tres están en el municipio Solidaridad –donde se ubica Cancún-, incluido uno en la isla de Cozumel; y los otros cinco en Tulum.
La expropiación tiene como propósito “evitar pérdidas económicas innecesarias al erario”. La dependencia encargada de ocupar “de inmediato” los predios expropiados y hacer los pagos correspondientes a modo de indemnización será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
El decreto, según López Obrador, está basado en el artículo 27 y establece:
“La propiedad de las tierras comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada” y que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización“.
A esto se suma que el artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, señala que “…los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación”
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