Pamela San Martín, consejera electoral del INE, advirtió que el Congreso de Baja California viola el Estado de derecho al ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
“Es anticonstitucional. Suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio, donde los electores votaron por un gobernador para dos años, no para cinco”.
Calificó esta decisión de los diputados de aquella entidad como un “verdadero escándalo”, ya que –dijo– “atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución”.
San Martín recordó que “los legisladores no pueden aprobar posteriormente algo que modifique una circunstancia anterior; es decir, las reglas con las que fuimos a la elección del 2 de junio marcan una gubernatura de dos años”.
Declaró que la implicación que tiene esta resolución de los diputados de Baja California, es que “los ciudadanos voten algo en las urnas y sea un órgano ajeno, el Congreso, el que cambie el sentido de la decisión de los ciudadanos, que fue una gubernatura de dos años, no de cinco.
“Esto es inaceptable, viola el Estado de derecho”.
El lunes, el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años la duración de la próxima gubernatura, que estará encabezada por Jaime Bonilla, postulado por Morena en las pasadas elecciones estatales del 2 de junio.
Aunque el grupo parlamentario del PAN es el que tiene mayoría (12 de 25 diputados locales), se sumó a la propuesta presentada por el diputado morenista Víctor Manuel Morán Hernández.
El legislador argumentó en tribuna que una gubernatura de dos años representaría un gasto sustancial para el erario. También apuntó que extender su duración beneficiaría las arcas locales.
La reforma fue aprobada con 21 votos a favor de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT y MC. El diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California (PBC), no se presentó a la sesión, y el panista Miguel Osuna Millán votó en contra de la iniciativa.
De acuerdo a la legislación aprobada, el gobierno de Bonilla iniciará el próximo 1 de noviembre y concluirá el 31 de octubre de 2024.
Al respecto, Pamela San Martín apuntó que la reforma federal y local en Baja California de 2014, que proponía homologar las elecciones, fue impugnada en diferentes partes del país.
Detalló que la Suprema Corte resolvió que este ordenamiento aprobado en el Congreso de la Unión era “una libertad de configuración legislativa”, lo cual permitió que Veracruz lo hiciera, con fundamento en los ahorros que representaba.
Sin embargo, la consejera electoral señaló que este decreto que aprobó el Congreso local requiere ser validado por los cinco municipios de la entidad (Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana), por lo que “aún no está firme”.
“Esto puede ser impugnable y se puede regresar al Estado de derecho, porque lo que se aprobó va en contra de la Constitución y de la retroactividad legal”.
Por ello, dijo que llama la atención que quienes hayan aprobado dicha reforma sea la oposición a Morena, por lo que confió que los legisladores rectifiquen al aprobar una nueva reforma que deseche esta, o que sean los municipios los que no la aprueben.