La sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte concluyó con un balance positivo. A partir de una propuesta del sector privado mexicano -y con el apoyo de los equipos negociadores de los tres países- acordamos la creación de un capítulo Anticorrupción. Esta es una aportación sin precedentes en tratados comerciales a nivel internacional: logramos tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, así como obligar a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción.
Así, avanzamos en la modernización del Tratado y fomentamos un mejor ambiente de negocios, de cumplimiento entre las empresas de los tres países, y en nuestro país en particular. Pero este paso adelante no sustituye los esfuerzos que, internamente, tenemos que realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a la Ley, sin impunidad ni simulaciones, en una cultura de cumplimiento.
Es necesario que los poderes ejecutivos y legislativos, de los tres órdenes de gobierno, tomen las acciones necesarias para lograrlo.
De acuerdo con el Banco Mundial, año con año nuestro país enfrenta costos de hasta 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por la corrupción. Por cada 100 pesos que producimos en la economía, 9 se pierden en transacciones irregulares de corrupción.
Esta es una realidad inaceptable que todos tenemos que transformar y poner de nuestra parte. Desde el sector empresarial, estamos decididos a promover una total integridad tanto en las transacciones privadas, como en el ejercicio del gasto público y la relación de las empresas en el ejercicio del mismo. En nuestra agenda, México Mejor Futuro, hemos establecido la meta de que haya cero tolerancia a la corrupción y proponemos acciones concretas para ello.
En primer lugar, exigimos que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, es necesario que se realicen los nombramientos que hasta hoy siguen pendientes inexplicablemente, así como también se concluya la homologación de las leyes estatales con la legislación federal en relativo al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, se tiene que crear el Sistema Anticorrupción estado por estado, es un compromiso con la sociedad y lo tienen que seguir y liderar los gobernadores de los estados.
Necesitamos avanzar también en los acuerdos que nos permitan contar con una Fiscalía General sólida, con autonomía, con todos los poderes y que se acuerde el nombramiento de este importante cargo. Además, no debemos postergar el nombramiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción o Fiscalía Anticorrupción.
Es necesario que se pase de las intenciones y los buenos discursos, a las acciones y los compromisos, y se nombre a un fiscal con experiencia técnica y probidad intachable, a través de un proceso transparente que permita garantizar su independencia.
Además, debe nombrarse al Auditor Superior de la Federación, integrar en su totalidad el Consejo de Participación Ciudadana, y facilitarle para que funcione, así como los magistrados especializados en la materia. Sólo con instituciones más sólidas podemos combatir con mayor eficacia las prácticas de corrupción en el país. Si no lo hacemos, tendremos menos capacidad para atraer inversiones, fomentar nuevos negocios y generar mejores empleos.
En el sector empresarial, estamos decididos a contribuir con este esfuerzo. Con ese objetivo impulsamos el capítulo anticorrupción del TLCAN, así como también presentamos -hace unos meses – y estamos trabajando en la incorporación de más empresas cada día, al nuevo Código de Integridad y Ética Empresarial, que permite a las empresas tomar acciones concretas para combatir prácticas ilegales al interior de sus organizaciones. Ambas iniciativas del sector privado buscan que la sociedad tome el liderazgo en la tarea de construir un México más honesto, con empresas íntegras que tengan lineamientos más estrictos en su relación con los gobiernos y otros particulares.
Lo hacemos porque estamos convencidos de que la corrupción no solo recae en el sector público ni en un solo orden de gobierno. Es un asunto de todos, es responsabilidad de todos generar este cambio: estados, municipios, ciudadanos y empresas, debemos ser parte de esta cruzada. No solo evitando participar en actos cotidianos de corrupción -como dar dinero a un policía para evadir una multa de tránsito- sino denunciándolos y exigiendo justicia, probidad y orden, respeto a los demás.
Hoy, tenemos el gran desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y tenemos que trabajar todos juntos, haciendo cada quien lo que nos corresponde, y los empresarios no nos estamos quedando omisos en este sentido. Debemos transformar la cultura cívica mexicana para que la corrupción sea intolerable y la denuncia ciudadana permita castigar a quienes la cometen, en lo público y en lo privado.
En el sector privado estamos trabajando para impulsar un marco normativo que fortalezca la integridad tanto a nivel nacional como internacional. Confiamos en que los actores políticos habrán de corresponder a este compromiso con acciones concretas que fortalezcan también las instituciones que hemos construido en México para combatir la corrupción. Que pasen del discurso al compromiso con decisiones, y que los tiempos políticos y electorales no interfieran en una decisión que le deben al pueblo de México y que la estamos esperando.
(CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL).