Arturo Zaldívar presentó su renuncia como Ministro de la SCJN

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras 14 años de ejercer este cargo y a uno de concluir su periodo constitucional.

Arguyó, en su carta de renuncia dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, que considera que su ciclo en la Corte “ha terminado” y que las aportaciones que puede realizar desde su posición de ministro “en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales”.

“Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos”, cita el escrito de dos páginas que difundió Zaldívar en sus redes sociales.

Con fundamento en la Constitución, solicitó a López Obrador aceptar su renuncia y que sea turnada al Senado de la República para su aprobación.

A través de la red social X, el aún ministro posteó el siguiente mensaje:

El ministro Arturo Zaldívar ha presentado su renuncia con miras a integrarse al equipo estratégico de toma de decisiones de Claudia Sheinbaum, la futura candidata presidencial de Morena, el partido oficialista. El juez participará en la elaboración del proyecto de Gobierno que la aspirante morenista planea ejecutar en caso de ganar las elecciones presidenciales de junio del próximo año, han precisado las fuentes.

Sumarse a la campaña de Sheinbaum es un paso decisivo en la carrera política de Zaldívar, que no ha ocultado sus coincidencias con la Administración de Andrés Manuel López Obrador y los postulados de su movimiento. No es un paso en falso para el ministro. Todo lo contrario. Zaldívar ha ido homologando su discurso público y sus decisiones a los principios de justicia social, austeridad en la función pública e inclinación por los pobres que distinguen al obradorismo.

La renuncia de Zaldívar, que aún debe ser aceptada por el presidente López Obrador y ratificada por el Senado, es también un primer movimiento en el tablero de ajedrez político de Sheinbaum. La abanderada morenista busca conformar un equipo fuerte de políticos y expertos para que le ayuden a elaborar una propuesta de Gobierno atractiva no solo para los votantes, sino también para los perfiles moderados y los desencantados con la gestión de López Obrador. El 20 de noviembre inician oficialmente las precampañas presidenciales y en el cuarto de guerra se prevé que ese día la exmandataria presente un primer avance de su proyecto y a los integrantes de su equipo de líneas estratégicas, entre ellos Zaldívar. Sheinbaum perfila que el encargado de coordinar a su equipo de notables sea Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exembajador de México ante las Naciones Unidas, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El proyecto gubernamental de Sheinbaum recogerá propuestas en materia de lucha contra la corrupción, seguridad, economía, energía, vivienda, salud, educación, agua y reforma judicial. Es en este último aspecto donde se prevé que Zaldívar tenga una colaboración estratégica. La propuesta de la abanderada recogerá aspectos del Proyecto de Nación 2024-2030 elaborado por los intelectuales de Morena, pero en otros habrá distancia. El nuevo documento busca cristalizar uno de los eslóganes de campaña usados por Sheinbaum durante la contienda interna por la candidatura presidencial: “Continuidad con sello propio”.

La decisión de Zaldívar fue duramente cuestionada por sus críticos, que siempre han visto en él a más a un político con toga que a un juez. En el ciclo de 14 años que ha cumplido en el Supremo, el ministro ha dado muestras de que sabe nadar con la corriente, acumulando sucesivas transformaciones según el momento político. Propuesto en 2009 para convertirse en togado por el presidente panista Felipe Calderón, Zaldívar marcó distancia con él a raíz del incendio de la guardería ABC, una tragedia en la que murieron 49 niños y en la que se presumía la responsabilidad de parientes de la esposa del mandatario y primera dama, Margarita Zavala. El ministro elaboró un proyecto de sentencia en el que proponía sanciones a altos funcionarios del Gobierno calderonista, pero no fue aprobado por el pleno. Zaldívar revelaría años después que fue objeto de presiones y que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia presidencial.

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el juez abrazó el discurso reformista del Estado priista. En 2014, cuando el Congreso aprobó las reformas que posibilitaban la inversión de empresas extranjeras en la explotación de los bienes nacionales, Zaldívar escribió en Nexos que la Suprema Corte debía contribuir a “la transformación de México”, al “crecimiento económico” y al “desarrollo como un objetivo social”, todas expresiones características del discurso del Gobierno en turno. En noviembre de 2018, cuando ya era presidente electo López Obrador —que siempre criticó las reformas priistas—, el ministro hizo eco de la crítica al “orden institucional imperante”, a la “corrupción endémica”, la “desigualdad histórica” y el derroche de recursos públicos del poder Judicial, y dijo que la Corte debía “dar una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”.

Durante el actual Gobierno, Zaldívar no hizo más que confirmar sus coincidencias con el mandatario. Un ejemplo de ello lo dio durante el debate en el que la Suprema Corte votó en contra de la reforma oficialista que pasaba al Ejército el mando de la Guardia Nacional, corporación policiaca que según la Constitución debe estar bajo mando civil de la Secretaría de Seguridad. El juez defendía que la institución policial nunca perdió su naturaleza civil a pesar de que prácticamente todos sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma militar. Zaldívar también salió a la defensa de un decreto presidencial que clasificaba como de “seguridad nacional” las obras de infraestructura más importantes del sexenio y las amurallaba ante peticiones de transparencia y acceso a la información.

En busca de un sitio para el ministro

La aspirante morenista comenzó a sondear entre su equipo cercano qué opinión tenía del ministro y qué pensaba de trabajar con él. La postura mayoritaria fue favorable al juzgador, y esa buena receptividad sirvió para poner el último sello al pacto entre ella y Zaldívar. La separación del ministro de la Suprema Corte se daba por sentada desde hace días en el entorno de Sheinbaum (esta avisó de que la renuncia de Zaldívar ocurriría en los primeros días de noviembre, según las fuentes). El juez y la abanderada presidencial acordaron los detalles del anuncio cronológicamente: él primero haría la publicación en X (Twitter), y momentos después ella publicaría la foto del acogimiento. No dijeron más. Querían que los hechos insinuasen lo suficiente.

En el Alto Tribunal no se conocían los planes políticos del ministro. Fue un secreto bien guardado entre él y su coordinadora de ponencia, una funcionaria de todas sus confianzas, la abogada Alejandra Spitalier. Zaldívar participó en la sesión del pleno de este martes, pero no comunicó su renuncia personalmente a sus pares, no hubo anuncio previo, no mandó carta alguna ni convocó a una reunión de despedida con los togados con quienes trabajó durante años, según ha detallado un jefe de asesores a este periódico. Solo avisó a la presidenta Piña poco antes de lanzar la noticia en X. El resto de los ministros y demás funcionarios de la Corte se enteraron a través de la red social. Al interior de la ponencia de Zaldívar, la que hizo el anuncio de su renuncia fue Spitalier, que dijo a los colaboradores del ministro que eran libres de permanecer en sus puestos de trabajo o sumarse al nuevo emprendimiento del jefe.

El Supremo emitió un comunicado en el que enfatiza que la renuncia de un ministro solo procede si hay causas de fuerza mayor que la motiven. Sin embargo, no existe un catálogo de causas justificables, y la fuerza mayor de las motivaciones es determinada por el presidente de la República, que es quien propone a los ministros para su nombramiento y quien debe autorizar su separación del cargo. Se da por descontado que López Obrador aceptará la renuncia de Zaldívar, a quien en varias ocasiones le ha expresado su reconocimiento y gratitud. El Senado deberá ratificar la decisión, para lo que se requiere de mayoría simple, una suma que Morena y logra con los votos de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo.

La Constitución establece que un exministro no puede, dentro de los dos años siguientes a su salida de la Corte, asumir el cargo de Fiscal General o secretario de Estado. No obstante, nada impediría a Zaldívar asumir cualquiera de esos cargos en calidad de “encargado de despacho”, esto es, como titular temporal hasta que proscriba el periodo de prohibición constitucional.

Por lo pronto, Zaldívar deja colgada la toga y se pone el chaleco de Sheinbaum, la heredera del poder político de López Obrador, presidente en su ocaso, en un nuevo acomodo que ya constituye la cuarta transformación del ministro.

El Economista/El País
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