La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito, ya que ahuyenta inversiones, abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad y pone en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024.
“Claramente asfixiar al Poder Judicial es un contrasentido que mandaría una pésima señal al mundo y desalentaría la llegada de nuevas inversiones tan necesarias para crear los empleos que los jóvenes demandan”, aseveró el organismo a cargo de José Medina Mora Icaza.
El directivo aseguró que México tiene frente a sí la oportunidad de crecer hasta 10 puntos porcentuales adicionales del PIB en los próximos 5 años de aprovecharse el fenómeno de relocalización de empresas, conocido como nearshoring.
“Pero eso solo será posible si se cumplen al menos 3 condiciones impostergables: Combatir la inseguridad, invertir en infraestructura y robustecer el Estado de Derecho”, apuntó.
La Coparmex señaló que uno de los mayores pendientes que tiene México es garantizar el acceso de todos a la justicia porque actualmente solo el 1 por ciento de los delitos se persigue.
“Si realmente se quiere que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción se debe fortalecer al Poder Judicial. Debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia”, .
Al igual que para un enfermo no puede ser negociable si es recibido o no en un hospital para ser atendido, una víctima tampoco puede estar sometida a una determinación de saber si hay o no presupuesto suficiente para que su caso sea llevado ante un juez y se le 8 de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31 por ciento del presupuesto que tuvo en 2023.
“Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos”, afirmó Coparmex.
El organismo aseguró que el Poder Judicial desde 2019 ha sido golpeado en materia presupuestal.
“De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95 mil 677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82 mil 994 millones, un recorte del 15 por ciento. Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80 mil 646 millones”, detalló.
Agregó que para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84 mil 792 millones, pero “se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31 por ciento ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia”.
El presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba apenas un incremento del 4 por ciento en términos reales para 2024.
“Desde Coparmex nos manifestamos para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional”, comentó el organismo.
Señaló que una cosa es optimizar el gasto y otra -muy distinta- asfixiar a un Poder por cuestiones políticas o venganzas personales.
El recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido, puntualizó.
Afectará también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia, añadió.
“Otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país”, destacó.
En 2024, se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades
“Hoy el padrón de electores es el más grande del que se tenga registro: 98.6 millones de mexicanos. Es evidente que el número de casos a resolver será enorme, por lo que no es deseable incrementar los riesgos políticos ni poner en juego la estabilidad social por incertidumbre en la elección”, concluyó.