El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, asumió la responsabilidad del Estado y ofreció una disculpa pública por la desaparición de tres jóvenes en los Estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila.
En un acto realizado en la Segob, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que el Estado mexicano cometió violaciones graves a los derechos humanos de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas.
“Acudo en nombre del Estado mexicano a ofrecer disculpas públicas y asumir la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves a los derechos humanos que representaron las desapariciones forzadas de (los jóvenes)”, expresó.
“Ofrezco en nombre del Estado mexicano disculpas públicas por su desaparición, ofrezco disculpas públicas por las violaciones graves a sus derechos a la vida, a la integridad y a su dignidad”, agregó ante familiares de las víctimas y funcionarios federales y estatales.
Encinas además ofreció disculpas por la falta de justicia y la actitud negligente e irresponsable del Estado mexicano que, dijo, durante años, negó el derecho a la justicia y a la obligación de atender las recomendaciones de los organismos internacionales.
“Esta es una disculpa pública que asumimos con toda responsabilidad y con la convicción de que es apenas el primer paso para garantizar una reparación integral que debe garantizar la verdad, la justicia y la garantía de no repetición”, abundó el subsecretario.
Téllez Padilla desapareció en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz; Moreno Pérez desapareció en Chacahua, Oaxaca, en julio de 2011; y Guajardo Rivas desapareció en julio de 2013 en Piedras Negras, Coahuila.
Los tres casos de desaparición forzada fueron presentados en 2015 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, por Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Dicho Comité dictaminó la responsabilidad del Estado mexicano y recomendó investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales; localizar a las víctimas o entregar sus restos mortales en condiciones dignas; y asegurar el acceso a las investigaciones.
“Refrendo la voluntad del Estado para cumplir con su deber de reparar integralmente a las víctimas a través de la labor coordinada de todas las autoridades involucradas. Tengan la seguridad de que somos testigos de su enojo e indignación, expresó Encinas.
“También de su dolor irrenunciable, y su derecho impostergable de la búsqueda de sus seres queridos; quiero refrendarle a Comisión Nacional de Búsqueda que continúe con la búsqueda de estas tres personas y no vamos a escatimar los recursos para lograrlo”.
Sin la presencia de la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, Encinas afirmó que la investigación y sanción de estas prácticas son elementos indispensables para evitar su repetición y garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas.
“Hoy refrendamos el compromiso, sin ambigüedades, del Estado mexicano para erradicar esta práctica reprobable, que incluso durante algunas décadas fue una política de Estado y queremos asumir de nueva cuenta nuestra apertura al escrutinio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos”, añadió Encinas.
“Hemos refrendado nuestro compromiso ineludible por la verdad y la justicia en materia de desapariciones forzadas, eso es un primer paso, pero sin lugar a dudas uno que cimbrará a nuestro sistema de derechos humanos con los más altos estándares internacionales”.
El Estado mexicano, abundó el subsecretario, asume que la desaparición de personas es uno de los principales retos en materia de derechos humanos que enfrentamos en nuestro País, por lo que reiteró la condena del Gobierno contra ese delito.
“Los asuntos de desapariciones forzadas son para el Gobierno de México su máxima prioridad en materia de derechos humanos, ya que en nuestro País, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy tenemos más de 79 mil 600 personas desaparecidas”, recordó.
“Nuestra herencia más dolorosa y nuestro reto principal que tenemos que atender en todos y cada uno de estos casos”.
REFORMA