Lo hemos dicho por años en esta columna, el agua debiera ser un asunto de conciencia, una preocupación diaria, un tema del día a día. Considero un avance el que varios analistas de Coahuila muestren su preocupación por el uso del agua de consumo humano y la falta de atención de las autoridades estatales, municipales y los consumidores hacia el cuidado del vital líquido.
El Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) en su último informe (2016) advierte que la biodiversidad del mundo disminuye a un ritmo alarmante por lo que es preciso que… “actuemos ahora para cambiar nuestros sistemas alimentario y energético y avancemos hacia el desarrollo sostenible”. Las advertencias de los ecologistas abundan y son dramáticas.
En nuestro País, las autoridades federales han hecho numerosos intentos de impulsar la privatización del agua (en Saltillo lo lograron) pero hasta ahora se mantiene como un recurso público y derecho humano (Art. 4°constitucional, párrafo 6°) que garantiza la participación ciudadana para el acceso, disposición, saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El pasado mes de agosto organizaciones de 23 Estados de la República del colectivo Agua para Todos, se reunieron en la CDMX para afinar una iniciativa de Ley General de Aguas e ir conformando los consejos ciudadanos que en ella podrán participar, esa ley sólo espera que el nuevo Congreso que ya inició sus funciones la reciba y la apruebe como un proyecto ciudadano, confiando en que AMLO prometió proteger el agua.
La ley propuesta divide al País en 28 Consejos de Aguas y Cuencas, consejos conformados por ciudadanos, con los cuales no sería necesaria la existencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), calificada por las organizaciones como obsoleta, además dispone la prohibición de usar agua para el fracking, la revisión de las concesiones de agua otorgadas a la fecha y la obligatoriedad de contar con un dictamen de impacto sociohídrico, además del de impacto ambiental.
En la organización, Agua para Todos participan numerosos municipios en los que hay proyectos de facturación hidráulica o fracking e hidroeléctiricos, así como acuíferos sometidos a sobre explotación por las empresas cerveceras, Nava y Piedras Negras, Coahuila estarían en esa lista, también se denuncian las numerosas concesiones a los proyectos mineros que arrasan con el medio ambiente.
Algunas de las principales propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que se presentarán al Congreso Mexicano en 2018, son: Establecer una Agenda Nacional del Agua a cumplir cuenca por cuenca en 15 años: Agua para ecosistemas, agua de calidad para tod@s. Fin a la contaminación. Planear y gestionar el manejo del agua mediante la coadyuvancia entre ciudadanía y gobierno. Crear Planes Rectores de Cuenca como instrumentos de planeación territorial en torno a los derechos humanos y de los pueblos y el reconocimiento de jurisdicciones de pueblos originarios. Establecer nuevos instrumentos de prevención. Crear un sistema de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas. Reconstruir el sistema de Derechos a aguas nacionales. Priorizar de infraestructura hídrica requerida para garantizar derechos al agua y a la seguridad en las políticas tributarias y en los presupuestos a nivel nacional, estatal, municipal.
Igualmente importantes son: Construir la Contraloría Social del Agua (CSA), organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua. Crear la Procuraduría del Agua y Ambiente, constitucionalmente autónoma. Generar la Defensoría Pública del Agua y Ambiente y blindar el agua de cualquier tratado o acuerdo de libre comercio.
Se trata de crear nuevos compromisos políticos dirigidos a poner el agua en lo más alto de la lista de prioridades de las instituciones que toman las decisiones para contribuir al diálogo sobre el agua buscando alcanzar el uso racional y sostenible de este recurso.