Los intentos de buscar un diálogo para poner fin a la crisis en Guatemala, que suma dos semanas de manifestaciones pacíficas y bloqueos, quedaron empañados el lunes con la muerte de un manifestante en una localidad fronteriza con México.
El hombre fue asesinado por un comando armado que se abrió paso a balazos, mientras los manifestantes corrían para ponerse a salvo precisamente para evitar incidentes, en el bloqueo de una ruta del departamento de San Marcos, a 272 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Los policías presentes no intervinieron.
La modalidad de ataque, con civiles armados contra la población que se manifiesta y que se ve forzada a recurrir a palos, machetes o piedras para defenderse, ha sido una constante en más de diez bloqueos durante los 15 días de protestas ciudadanas que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras Argueta. Hasta el incidente, ocurrido en la localidad de Malacatán, solo se habían reportado heridos, daños materiales y el repliegue de los manifestantes para evitar confrontación.
Después de dos semanas de movilizaciones y ante la latente amenaza de represión, el lunes 16 de octubre se reportaron 26 bloqueos de carreteras, una cantidad menor al centenar de cierres que se registraron los días anteriores. La disolución violenta de la protesta ocurrió en San Marcos, un departamento con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico y actividades que van del cultivo de drogas hasta el tráfico de cocaína, tráfico de migrantes y contrabando. La policía reportó la captura de once presuntos responsables del ataque, dos de ellos guardaespaldas de un alcalde electo por Vamos, el partido del presidente Alejandro Giammattei.
Desde el 2 de octubre, miles de guatemaltecos se han sumado a las diferentes formas de protesta para exigir la renuncia de Porras y dos de sus fiscales -Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso-, así como del juez Fredy Orellana. Todos ellos coordinan acciones penales que a criterio de analistas y de la ciudadanía pretenden socavar los resultados de las elecciones que colocaron en la presidencia al sociólogo progresista Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla. El 30 de septiembre, durante un allanamiento que terminó en forcejeo con los magistrados electorales, la fiscalía a cargo de Curruchiche secuestró las actas originales de los resultados de las votaciones sin explicar a la ciudadanía los motivos de la pesquisa. Entonces, el presidente electo declaró que “sin lugar a dudas” el objetivo del Ministerio Público es “la anulación del resultado electoral y la destrucción del régimen democrático”.
Consuelo Porras se mantiene a cargo del despacho por teletrabajo, según su equipo de comunicación y lleva más de una semana sin aparecer ante la ciudadanía. La fiscal no ha dado muestras de considerar la renuncia que le piden miles de ciudadanos y ha insistido en que las fuerzas de seguridad retiren a las autoridades indígenas y vecinos de diversos territorios que han llegado al plantón instalado en los alrededores de la sede principal del Ministerio Público. Si Porras estuviera en el edificio y se asomara a uno de los ventanales podría hacer un recorrido por los diferentes poblados indígenas: en una esquina de la calle usualmente se encuentran los k´iche´, tz’utujiles y cakchiqueles de Sololá; al frente, debajo de una carpa negra, está la delegación Ixil, de Quiché y en otro de los toldos los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán. Y así permanecen los diferentes pueblos en resistencia pero la fiscal insiste en que se desarticule el plantón, al punto de pedir la destitución del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, que cuenta con el reconocimiento de las autoridades indígenas por respetar la manifestación pacífica y evitar la represión. Antes del bochorno del despido, el ministro presentó su renuncia y la asamblea de pueblos indígenas reaccionó con un comunicado en el que señalan que Porras “parece estar buscando establecer grupos dispuestos a reprimir al pueblo que legítimamente exige su renuncia”.
Las demandas de Porras ocurren en el marco de los acercamientos para instalar una mesa de diálogo con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para poner fin a la crisis social en la que interviene el presidente Alejandro Giammattei y las autoridades indígenas. En una primera reunión, Giammattei aseguró que no puede destituir a la fiscal ni pedirle la renuncia.
Estamos en un momento de “intransigencia”, opina el politólogo Miguel Ángel Balcárcel, y el reto es revertir la situación hacia un proceso donde prive el bien común. Lo cierto es, apunta Balcárcel, que estamos ante un un cambio de correlación de fuerzas.
“Tenemos un nuevo actor político, no partidario: los pueblos indígenas en sus diferentes expresiones y una sociedad que, está muy enojada, pero ante a sus circunstancias de vida hablan de una Guatemala diferente, con oportunidades”.