“Un intento de magnicidio”. Así definió el oficialismo en Argentina lo sucedido la noche del jueves en Buenos Aires, cuando un hombre apuntó con una pistola a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los hechos ocurrieron cuando la vicepresidenta estaba saludando a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.
Kirchner no resultó herida, pues el arma, que estaba cargada, “no funcionó”, según dijeron las autoridades. El hombre fue detenido y este viernes la justicia calificó el expediente como “tentativa de homicidio calificado”.
El momento en el que apuntaron a Cristina Kirchner pic.twitter.com/7zKOD3IzFr
— LA NACION (@LANACION) September 2, 2022
También este viernes, los fiscales a cargo del caso le tomaron declaración a Cristina Kirchner como testigo, en su casa. “La víctima declaró”, fue todo lo que informó la jueza antes de entrar a su despacho, en el tercer piso de los tribunales de Retiro.
Más tarde, la vicepresidenta salió de su casa junto a su guarda personal, saludó y se montó en un auto.
“El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia“, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en cadena nacional después de lo ocurrido la misma noche del jueves.
“Este atentado merece el más enérgico repudio de la sociedad argentina porque afecta la democracia”, agregó, a la vez que decretó feriado nacional este viernes, para que “el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta.
Los principales sindicatos del país convocaron a una marcha a la emblemática Plaza de Mayo, frente a la sede gubernamental, la Casa Rosada, que se realizó este viernes en la tarde.
¿De qué se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner?
Los fiscales del juicio a la vicepresidenta pidieron días atrás al tribunal conformado por tres jueces una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado, y de haber generado una defraudación al Estado por unos mil millones de dólares.
La expresidenta sostiene que el juicio en el que está acusada de corrupción durante su mandato (de 2007 a 2015) es una farsa y acusa al tribunal de actuar bajo los dictados de la principal fuerza opositora.
BCC