La semana pasada la organización Open Society Justice Initiative, presentó en la Ciudad de México el informe, Atrocidades Innegables: Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México, cuyo objetivo es demostrar que existen “fundamentos razonables”, sostiene, para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales de este país como el cártel de los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
Open Society y cinco organizaciones de derechos humanos independientes incluido el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, dedicaron 3 años a evaluar la magnitud de la crisis de violencia que se vive en este País.
En el documento se describen los crímenes de lesa humanidad que según el derecho internacional, son actos de violencia, que incluyen asesinatos, tortura y desapariciones forzadas, perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
En el documento encontré al menos 9 citas sobre asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en Coahuila, contra coahuilenses en la mayoría de los casos.
En el documento encontré al menos 9 citas sobre asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en Coahuila, contra coahuilenses en la mayoría de los casos.
En primer lugar la investigación asegura que, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila mantiene fama de ser como una estación de paso para los políticos que buscan limpiar su imagen antes de ocupar otros cargos públicos por lo que las ONG locales y las organizaciones de víctimas, “desconfían de la Comisión y perciben que su trabajo tiene un impacto marginal” (p. 157), conste que lo dice una organización internacional.
Se documentan los hechos del 19 de marzo del 2010 cuando el Ejército asesinó a los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado, saltillense éste último, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey del Campus de esa ciudad, crimen de lesa humanidad, relacionado con el uso de la fuerza indiscriminada y extrajudicial (p.76).
Se describe la irrupción de los Zetas en Allende, cuando “agruparon a los civiles, demolieron sus hogares, quemaron sus negocios y secuestraron a alrededor de 300 personas, de las que no se ha vuelto a saber desde entonces, (p.99), sin que aparentemente el Ejército resistiera los hechos, se afirma que Coahuila y Nuevo Laredo eran la base principal del cártel de los Zetas.
Se menciona que en abril de 2009 Uribe Hernández y Alvarado Oliveros, al salir de su trabajo fueron agredidos por elementos del Ejército y asesinado uno de ellos, hecho atestiguado por civiles pero no investigado por las autoridades.
Se asevera que en Coahuila los familiares de las personas desaparecidas han tenido cierto éxito en involucrar al gobierno en sus casos, aunque las autoridades federales, SEGOB y PGR frecuentemente se niegan a dar seguimiento a los acuerdos (p.141), también se establece que en las desapariciones documentadas de 370 personas prevalecen los hombres con un 84.3 por ciento.
Omito otros casos por falta de espacio, pero de los 5 estados investigados, Coahuila aparece en primer lugar y la Open Society estima que: “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces. Sin embargo, un mejor resultado lo constituye la posibilidad de que el gobierno mexicano se proponga, por cuenta propia, procesar las causas independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos…. De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces”.