La información se ha dado conocer solo parcialmente y las autoridades han enfrentado presiones para impedir que salga a la luz toda la verdad. Así lo ha señalado este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su mensaje de despedida, después de que anunciara la semana pasada su salida definitiva de México y de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
“El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”, señalaron en un comunicado. Cuestionado por la falta de resultados a casi nueve años del crimen, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó en su conferencia mañanera que su Gobierno le haya fallado a las familias de las víctimas. “Hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando”, señaló el mandatario.
“La documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores”, señalaron el español Carlos Beristáin y la colombiana Ángela Buitrago, miembros del equipo de trabajó que realizó las investigaciones en paralelo a las autoridades. El GIEI se ha manifestado en varias ocasiones contra los bloqueos y las limitaciones que han interferido con las pesquisas, así como la protección que ha dado impunidad a actores clave para esclarecer el caso Ayotzinapa. “El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, agregaron.
Tras presentar el último de seis informes, que apuntaba directamente a la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, López Obrador rechazó hace unos días que los militares hayan bloqueado los avances en el caso. “No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es precisamente por la colaboración”, respondió.
El presidente impidió que Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa, contestara preguntas de los medios de comunicación sobre las investigaciones, recalcó que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y acusó una campaña del GIEI, que se ha ganado la confianza de los padres de los desaparecidos, contra el Ejército. “Si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos”, reviró.
“En ningún momento, el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas condicionen nuestra autonomía ni independencia”, dijeron los expertos, adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que regresaron a México en 2020 para retomar sus trabajos. Tras las críticas de López Obrador, Beristáin y Buitrago reconocieron que ha habido “voluntad política” para avanzar en las investigaciones y destacaron la creación de una Comisión de la Verdad y las detenciones de altos mandos, entre ellos el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y 20 miembros del Ejército.
“El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del Gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado”, se lee en el mensaje final. El problema, reiteraron, ha sido que no se ha entregado toda la información que se generó y que está diseminada en diferentes instancias del Estado. Ese fue uno de los motivos que precipitaron su salida del caso y del país. “Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, subrayaron los expertos. También instaron a que las acusaciones se fortalezcan y que no solo se centren en delitos por delincuencia organizada, sino por la desaparición forzada de los normalistas.
“Las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas”, agregaron los especialistas. El grupo recapituló sus aportaciones a la investigación, sobre todo para derrumbar la llamada “verdad histórica”, las primeras versiones que ofreció el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la Procuraduría (ahora Fiscalía) de Murillo Karam para dar carpetazo al asunto. “El GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en varios medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero”, señalaron sobre el primer tramo de las investigaciones en la pasada Administración y respondiendo entre líneas a los dichos recientes de López Obrador.
El choque entre el GIEI y López Obrador, que ha tenido en el Ejército uno de sus principales compañeros de viaje durante su Gobierno, provocaron el descontento de los padres de los desaparecidos, que exigieron una reunión urgente con el presidente. “El Gobierno debe definir si está del lado del Ejército o de la verdad”, afirmaron a finales de la semana pasada. El mandatario dijo que la puerta sigue abierta para los padres y que continuará reuniéndose con ellos. “En todas las giras hablo con madres, con familiares de desaparecidos, lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros”, comentó.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en el Estado mexicano, que ha puesto punto final a una colaboración sin precedentes en Latinoamérica con expertos internacionales para apoyar a las investigaciones sobre la participación de policías, militares y miembros del crimen organizado. Los 43 estudiantes fueron desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El GIEI cerró su mensaje con un llamado a la esperanza para resolver el crimen: “Es esa esperanza de las familias, y de la propia sociedad, la que necesita respuestas”.