Durante la actual administración, el banco ha dado contratos para el esquema de subcontratación cuyo valor máximo suma 1,500 millones de pesos.
El Banco del Bienestar, uno de los proyectos clave del actual gobierno, depende en gran medida para su operación del esquema de subcontratación laboral u outsourcing, especialmente para uno de los fines del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la dispersión de los programas sociales, la cual, en el 2020, vía esta entidad, superó 88,000 millones de pesos.
Hace algunos días, en pleno ataque del Presidente a este esquema laboral, al interior del banco se dio el fallo en la licitación de un nuevo contrato para la subcontratación de personal, el cual tiene un valor que va de 193 millones de pesos a 484 millones, con vigencia del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2021.
En caso de que dicho contrato alcance su monto máximo, superaría en 4.5% al valor del contratado del año anterior, mismo que se le otorgó a Servicios Empresariales Teram y el cual según Diana Álvarez Maury, directora del Banco del Bienestar, tenía fallas pues tan sólo a unos meses de su vigencia el presupuesto destinado a éste casi se termina.
“Nosotros vimos que la manera cómo se licitó ese contrato (del 2020), tenía varias debilidades, no era el mejor contrato, por ejemplo, era una empresa sin experiencia”, detalló Álvarez Maury al referirse a la licitación que se realizó para el esquema de subcontratación laboral el año anterior, fallo que se dio bajo la dirección de Rabindranath Salazar.
La justificación
De acuerdo con la funcionaria, la subcontratación laboral es necesaria para el Banco del Bienestar dada su pequeña estructura propia, la cual se complementa con el personal contratado vía la subcontratación, especialmente para dispersar los apoyos gubernamentales.
“La estructura del banco es pequeña. Estamos dispersando muchos millones y justamente como nada más tenemos 433 sucursales, hay lugares donde no existe la presencia del banco y gran parte de ese dinero se lleva ensobretado… es lo que se lleva gran parte del outsourcing”.
Asimismo, Álvarez Maury comentó que se prevé utilizar este esquema para contratar personal que verifique que la construcción de las 2,700 nuevas sucursales del banco edificadas por la Secretaría de la Defensa, proyecto al que el gobierno ha destinado cerca de 15,500 millones de pesos.
Días antes de conocer a las empresas ganadoras de este contrato, Mónica Adriana Salguero Osuna, ex directora de Recursos Materiales del organismo y responsable de la unidad encargada de sus contrataciones, renunció a su cargo.
Al respecto, Álvarez Maury declaró que: “Hubo una denuncia bastante grave en su contra y por eso presentó su renuncia”, y descartó que este movimiento tuviera algo que ver con el fallo.
Los montos de los contratos otorgados por el banco durante esta administración para el outsourcing contrastan respecto a los que se otorgaban en el gobierno anterior. Por ejemplo, en el 2018, el banco, vía adjudicación directa, dio un contrato a Multiviction por 3 millones 450,000 pesos para el proceso de entrega, recepción y rendición de cuentas del organismo.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el número de empleados del banco contratados bajo el esquema de outsourcing pasó de 1,941 en diciembre del 2018 a 839 en el mismo mes del 2020.
ElEconomista.mx