Joe Biden rechazó los “argumentos falsos” de que su administración está eliminando las protecciones de la Segunda Enmienda cuando la Casa Blanca presenta seis órdenes ejecutivas para combatir la violencia armada e insta al Congreso a avanzar en varias leyes.
“La idea de que las cosas que recomendamos están en contra de la Constitución es simplemente extraña”, dijo el presidente de los comentarios en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca el jueves. “La violencia armada en este país es una epidemia y una vergüenza internacional”.
Aproximadamente 11 mil estadounidenses han muerto a causa de la violencia con armas de fuego en 2021, según el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien se unió a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris el jueves.
Biden dijo que trabajó con Garland para redactar “acciones inmediatas y concretas” para combatir la crisis. Una acción ordena al Departamento de Justicia emitir una regla dentro de los 30 días para detener la proliferación de las llamadas “armas fantasma” creadas con kits de “comprar, construir, disparar”, dijo Garland.
Dentro de los próximos 60 días, el Departamento de Justicia también debe emitir una regla para alinear los soportes estabilizadores de pistola con la Ley Nacional de Armas de Fuego, que requiere que los propietarios potenciales paguen tarifas adicionales y presenten información de identificación a las autoridades federales.
El sospechoso de los asesinatos de Boulder parecía haber usado una pistola con un brazo ortopédico, que puede hacer que un arma de fuego sea más estable y precisa, al tiempo que permanece parcialmente oculta.
Dentro de 60 días, el Departamento de Justicia también debe modelar una legislación de “bandera roja” para los estados, mientras que Biden insta al Congreso a aprobar una medida a nivel federal, junto con varias leyes de control de armas ya respaldadas por la Cámara de Representantes controlada democráticamente. “Basta de oraciones”, dijo Biden. “Es hora de actuar”.
El presidente también ordenó una revisión integral del Departamento de Justicia sobre el estado del tráfico de armas de fuego y nombró al defensor de la seguridad de las armas, David Chipman, para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.
Biden también ha alentado a los funcionarios estatales a usar Medicaid para pagar los programas de intervención contra la violencia y ha publicado una serie de cambios en 26 programas en cinco agencias federales para apoyar una agenda de “intervenciones de violencia comunitaria basadas en evidencia”.
El amplio plan de infraestructura de la administración propone que el Congreso apruebe $5 mil millones durante ocho años para apoyar las iniciativas de intervención de violencia comunitaria, argumentando que la salud, la seguridad y la remediación de la comunidad son fundamentales para reconstruir las economías, particularmente en los vecindarios que sienten impactos duraderos y entrelazados de la violencia y la pobreza. “La idea de que tantas personas mueran todos los días por la violencia con armas de fuego en Estados Unidos es una mancha en nuestro carácter y como nación”, dijo Biden.
El presidente también instó al Congreso a aprobar una prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, y argumentó que los fabricantes de armas no deberían ser inmunes a la responsabilidad legal.
La vicepresidenta Harris, exfiscal de distrito y fiscal general del estado de California, dijo que “vio con mis propios ojos lo que una bala puede hacerle a un cuerpo humano”.
“¿Qué estamos esperando?” ella dijo. “Porque no estamos esperando una tragedia… Hemos tenido más tragedias de las que podemos soportar. Tampoco estamos esperando soluciones, porque las soluciones existen. La gente real, en ambos lados del pasillo, quiere acción, así que todo lo que queda es la voluntad y el coraje para actuar”.
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