Hace años salieron a la calle ciudadanos estadounidenses en defensa de la ciencia, y en su marcha gritaban un magnífico eslogan: “Lo bueno de la ciencia es que es cierta independientemente de que la crean o no”.
Nuestro país y sus instituciones, tienen la obtusa tradición de establecer verdades contradictorias, como ejemplos: “La verdad histórica de Ayotzinapa”, “La verdad jurídica de nuestro sistema de justicia con un 98% de impunidad”, y la inusual verdad científica ausente en nuestros sistema de gobierno y legalidad.
La apuesta de los gobiernos partidistas, asume las estrategias que han mantenido al PRI a la cabeza en Coahuila y el Estado de México, y se basa en la mala educación del pueblo, evidente en la prueba PISA (2015), donde nuestro país se ubica por debajo del promedio de la OCDE, no obstante que la inversión en el rubro supera a las de casi todos los países comparados.
En México “La verdad” se otorga a quien la fabrica y no a quien la comprueba con argumentos. Nuestro sistema judicial, invierte poco en recursos científicos para investigar y demostrar la verdad, y eso responde a que la ignorancia de las masas es estratégicamente útil.
Definir “Libertad” es una compleja paradoja, por un lado la libertad absoluta de los fuertes suele coartar la de los débiles, pero si se limita a los poderosos en beneficio de quienes no lo son, tampoco somos libres en realidad. Con el objeto de evitar enredos filosóficos, es útil tomar de la Biblia la siguiente frase: “Conocerán la verdad y esta los hará libres” sin abundar en lo espiritual, la realidad indica que los pueblos donde se funda el progreso en la educación y el conocimiento científico, el desarrollo, la libertad y el bienestar se multiplican.
En México se usan cálculos políticos exactos, pues personas con alto grado académico, tienen las riendas del estado y usan perfectamente las matemáticas para alcanzar sus objetivos; ellos tienen claro que es fácil engañar a un pueblo inculto; en segundo lugar quienes gobiernan bajo las siglas del PRI, o tienen ideología izquierdista, saben que agradan solo al 30% de los ciudadanos, y entienden que para conservar el poder o acceder a él, deben evitar las segundas vueltas electorales, pues estadísticamente no pueden ganar por el 70% de la población que los rechaza; en tercer sitio, saben que requieren del fraude electoral para mantener sus bastiones en EDOMEX y Coahuila por dos sencillas razones, una: La financiera que sin el presupuesto del estado de México no paga el costo que necesita el PRI para competir en 2018; y dos: La lógica, donde la alternancia en Coahuila añadiría a dos ex gobernadores priistas a la lista de consignados por corrupción y prácticamente eliminaría a ese partido del relevo presidencial.
Los Mapaches educados en Harvard, o el ITAM, tienen que despejar dos sencillas ecuaciones, la primera ¿No anular la elección de Coahuila equivale al descrédito total del aparato electoral e implica el caos gubernamental para el próximo presidente? Y la segunda: La suma de boletas excedentes en la mayoría de los paquetes violados; más la atípica falla del conteo al llegar al 72% de las casillas; más el fallido reporte a favor del PAN del conteo rápido estadísticamente infalible, ¿Equivalen a suficientes argumentos para anular la elección en Coahuila?
El resultado definirá la confianza en las instituciones y la gobernabilidad de México, y aún cuando la verdad científicamente es evidente, jurídicamente depende del TRIFE.
¡Que Dios Nos Bendiga!
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