Luego del reporte de un accidente en un pocito de extracción de carbón en el ejido El Mezquite del municipio de Sabinas, Coahuila.
Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno a través del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Preventiva Municipal en coordinación con Protección Civil federal, montaron un operativo de rescate de los tres empleados de la mina, donde se determinó en primera instancia, que el percance se originó por la ruptura de un cable de acero que en conjunto con un motor eléctrico se utiliza para el acceso de las personas y la extracción del mineral; presuntamente, por el desgaste de los metales.
En el rescate, se recuperaron los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez de 40 años de edad y de Juan Jesús Zapata Alfaro de 29 años, ambos vecinos de Sabinas; en este procedimiento se rescató a un tercer minero, Luis Alberto Cortez Robles, a quien se trasladó para recibir atención médica por las lesiones causadas por la caída del tambo, a unos 70 metros de altura, en que se introducían a la zona de extracción.
En todo este proceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, recaban la información necesaria para la integración de las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades, asegurando el área para continuar con las labores periciales y dar parte a las autoridades competentes en el ámbito federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Minera Fuga, la empresa que presuntamente operaba el pocito donde, fue creada en 2018 y ha recibido 145 millones 287 mil 189 pesos en contratos de carbón ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que de acuerdo con los primeros datos, el pozo pertenece a Minera Fuga, propiedad de Orlando García Macías.
En marzo de 2019 tuvo cambio de accionistas. Según el RPC, Orlando García Macías es accionista mayoritario (49 de 50 acciones) y apoderado legal, mientras que Víctor Karim Mussi Camara también aparece como socio de una acción de la empresa.
Se informó que un conato de violencia se registró al interior del predio “El Mezquite”, El hecho ocurrió mientras personal de diferentes corporaciones y cuerpos de rescate de los tres órdenes de gobierno trabajaban para extraer los restos mortales de los trabajadores mineros fallecidos.
El padre de Juan Jesús Zapata, trabajador de la mina, saltó el cerco impuesto por la autoridad municipal en su desesperación por no tener noticias de los trabajos de rescate en el pocito.
Un agente municipal adscrito a la vigilancia le reclamó el ingreso furtivo, y el padre respondió con una advertencia de silencio y luego lo agredió con una piedra. El golpe hizo enfurecer al agente, quien se fue a los golpes contra el hombre sujetándolo del cuello con una maniobra para inhibir golpes.
El acto fue presenciado por familiares y agentes del Ejército Mexicano, quienes se acercaron a las personas en disputa sin separarlos. Uno de los militares despojó del arma al agente municipal para evitar que el arma fuera detonada al calor de la pelea.
El agente fue retirado por uno de sus compañeros del sitio, mientras se dejó continuar su paso al padre del minero de 29 años de edad, quien perdió la vida.
La mina de carbón en Sabinas se encontraba clausurada y por lo tanto su funcionamiento era ilegal, de acuerdo la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En un comunicado, la dependencia dijo que procederá penalmente en contra de los dueños de la compañía, a través de una denuncia que presentará en la Fiscalía General de la República.
“Esta mina es operada por la empresa Minera Fuga S.A. de C.V. a la cual el pasado 31 de agosto de 2022 se le realizó una inspección de seguridad e higiene, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como resultado, se detectaron condiciones que ponen en peligro la vida, salud e integridad de los trabajadores, por lo que como medida precautoria se decretó la restricción de acceso y limitación de operaciones, medidas que aún se encuentran vigentes en la actualidad”, informó.
La dependencia encargada de garantizar la seguridad de los trabajadores, dijo que ante las medidas precautorias que se le impusieron el año pasado, “cualquier operación de la mina se encuentra fuera de la ley” y “ante el incumplimiento de las medidas de restricción de acceso y limitación de operaciones, la STPS procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones y se finquen las medidas y responsabilidades sobre este tema”.
De acuerdo con la activista Cristina Auerbach, de la asociación civil Familia Pasta de Conchos, la mina abastecía de carbón a la Comisión Federal de Electricidad, para sus plantas termoeléctricas en el municipio de Nava, y el representante ante la paraestatal es Orlando García Macías.