El consejo del INE resolvió que los recursos que se retenían a trabajadores del estado se desviaron para la campaña electoral del PRI estatal en 2015.
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que durante la administración del gobernador de Chihuahua, César Duarte, se desviaron 14.6 millones de pesos del erario público que fueron a parar al PRI estatal.
De acuerdo con el INE, se pudo acreditar que desde la Secretaria de Hacienda de Chihuahua, en este tiempo bajo el mando de Jaime Ramón Herrera Corral, “mediante un sistema de compensaciones se realizaban descuentos a los trabajadores del estado, bajo el concepto de aportaciones voluntarias” por el monto señalado.
Con motivo de esta investigación, iniciada por el órgano de fiscalización del INE, se determinó que dichas aportaciones eran “un acto simulado, toda vez que no existió la manifestación de la voluntad de los trabajadores y en su lugar se acreditó la entrega de recursos en efectivo desde la dependencia gubernamental al tesorero del PRI en la entidad”, Pedro Mauli Romero Chávez.
Romero Chávez es un conocido de la justicia. De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la primera semana de octubre de 2017, un juez de Chihuahua le dictó prisión preventiva por 12 meses, por el presunto desvío de 63.8 millones de pesos de la nómina de trabajadores de confianza del gobierno de Chihuahua, usados para pagar a empleados y proveedores y apoyar la campaña electoral priista federal de 2015.
Tras comprobarse el desvío del recurso, el INE impuso una sanción al PRI por 36.5 millones de pesos, el 250% del monto involucrado.
El monto desviado en Chihuahua bajo este esquema de retenciones, sin embargo, podría alcanzar los 79 millones de pesos, de acuerdo con la actual secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos, quien en diciembre de 2016 presentó una denuncia ante la Fepade contra ex funcionarios cercanos a César Duarte, pues estimó que durante el sexenio del exgobernador priista, hoy prófugo de la justicia, se retuvieron de manera ilegal a servidores públicos 79 millones de pesos.