Estamos en crisis y falta apoyo para mantener empleos, crítica economista. No hay infraestructura federal importante: AIERA
Ante el Segundo Informe que presentará hoy Andrés Manuel López Obrador, representantes de la iniciativa privada de Coahuila coincidieron en que el estado espera más del Presidente, pues tiene nulos resultados que ofrecer a esta región del país.
El director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, Antonio Serrano, consideró que las cuentas por rendir a la entidad son “muy malas”, con una crisis económica acentuada, falta de apoyo a los estados para mantener los empleos y recortes en ciencia, tecnología y educación.
Mario Ricardo Hernández, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), expuso que “no tiene resultados sustanciales que informar a los coahuilenses”, sin infraestructura federal clave que solucione problemas o genere derrama económica.
La ampliación de la carretera a Zacatecas, y el tramo Saltillo-Derramadero, están prácticamente igual desde que llegó a la Presidencia, apuntó. Tampoco se ha corregido la zona de Los Chorros.
“Nos gustaría estar diciendo lo contrario. En cuestión económica tampoco se ha tenido el apoyo necesario, pese a las solicitudes de Coahuila, en la Alianza Federalista, de modificar el Pacto Fiscal y tener mayores recursos para la entidad, aunque es de las que menos recibe de acuerdo a lo que aporta”, subrayó.
EXIGENCIA GENERALIZADA
El presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Salvador Rodríguez, manifestó que los locatarios de este sector se “están rascando con sus propias uñas”, pues los apoyos dispuestos por el Gobierno Federal no alcanzan para solventar el impacto provocado por la pandemia.
Además, de acuerdo con el administrador fiscal general del Estado, Javier Díaz, el Gobierno Federal aún mantiene un déficit con la entidad de más de mil 700 millones de pesos, pues hasta agosto se contemplaban dos mil 500 millones de participaciones federales y solo llegaron 793 millones del Fondo de Estabilización.
El amiguismo de Movimiento Ciudadano que redundó en un contrato de 4 mil millones de pesos
Dos convenios en Liconsa por hasta 4 mil millones de pesos, asignados a una empresa sin experiencia en el ramo lechero, involucran a personajes ligados a dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), un partido que en 2012 impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero que en años recientes se ha presentado como un partido opositor al presidente de México.
El director de Liconsa, Ignacio Ovalle, fue hasta hace poco Presidente de una organización adherente a MC y los convenios beneficiaron a Alejandro Puente Córdoba, un empresario que fue candidato a senador por ese partido político y es papá de una diputada federal suplente del mismo instituto.
Además, los dos funcionarios que firmaron las asignaciones están ligados a MC; uno de ellos aspiraba a lograr una candidatura el próximo año, y otro es papá de una exdirectiva emecista en Nuevo León y legisladora federal de ese partido y de un excolaborador de Ovalle en su organización adherente.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó el pasado 26 de agosto que Liconsa había asignado, con 5 días de diferencia, dos contratos por hasta 4 mil millones de pesos a una compañía fundada por Puente Córdoba, un empresario de telecomunicaciones que estuvo ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 el 11 de noviembre de 2014 como empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
En diciembre de 2019, a un año de cambiarse de giro, la empresa firmó dos convenios con Liconsa para procesar como mínimo 800 mil litros de leche al día, durante cinco años, en plantas que se construirán en Zacatecas y Tabasco, a cambio de un pago de 806 millones de pesos al año (más de 4 mil millones en cinco años).
Los convenios contienen una cláusula que permite vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
Los personajes involucrados
En diciembre de 2018, López Obrador nombró como director de Liconsa a Ignacio Ovalle, un expriista que desde hace una década ha militado en Movimiento Ciudadano.
Todavía en 2019, Ovalle aparecía en publicaciones de ese partido político como presidente de la organización adherente Fundación México con Valores, al lado de Dante Delgado, fundador de MC y actual coordinador del grupo parlamentario en el Senado.
César Manuel Lozano Mac Donald, quien también trabaja en Liconsa, fue durante seis años (de 2012 a 2018) coordinador regional de la organización que presidía Ovalle. Este funcionario es hermano de la diputada federal por MC, Pilar Lozano Mac Donald.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Ovalle director de Liconsa, éste invitó a colaborar con él a Manuel Lozano Mac Donald, como titular de la Unidad de Comunicación, aunque según fuentes consultadas en la dependencia federal, en realidad se desempeñaba como asesor de Ovalle.
Además, Ovalle integró como director de comercialización de Liconsa a Manuel Lozano Jiménez, papá de los hermanos Lozano Mac Donald.
La experiencia de Lozano Jiménez en el ramo alimentario es nula, según el currículum difundido por él mismo en su declaración patrimonial. En la anterior administración federal trabajó para la Policía Federal, primero como director del servicio profesional de carrera, y luego como asesor del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La columna Templo Mayor, del periódico Reforma, publicó el pasado 19 de junio que, además, el director de Finanzas de Liconsa, René Gavira Segreste, también era cercano a Movimiento Ciudadano y que incluso negociaba desde ahora una candidatura por ese partido para las elecciones del próximo año. El funcionario fue cesado de su cargo hace dos meses.
Gavira Segreste y Lozano Jiménez fueron los funcionarios de Liconsa que firmaron los dos convenios millonarios a favor de Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, la empresa fundada por Puente Córdoba, según consta en los documentos obtenidos por MCCI.
Los convenios fueron asignados con apenas cinco días de diferencia, el 12 y el 17 de diciembre de 2019, e implican un pago por hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa durante cinco años, con opción de renovación por otro periodo similar. Gavira y Lozano Jiménez firmaron, además, en diciembre de 2019 un contrato por hasta 174 millones de pesos a la misma empresa para la venta de fruta fresca.
El empresario fue candidato de MC
Puente Córdoba también ha estado vinculado con Movimiento Ciudadano, al igual que Ovalle y que los hermanos Lozano Mac Donald.
En 2012 fue candidato plurinominal al Senado por ese partido, y según publicó la prensa de la época, Dante Delgado maniobró para colocarlo como segundo en la lista, desplazando a Porfirio Muñoz Ledo. En aquel año, Movimiento Ciudadano postuló a la Presidencia a López Obrador.
Además, una hija del empresario, de nombre Lucía Alejandra Puente García, es suplente de la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.
En su página de Facebook la diputada Pilar Lozano Mac Donald compartió una fotografía en la que posa con Alejandro Puente Córdoba y con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; la imagen fue publicada el 29 de noviembre de 2019, días antes de que Liconsa formalizara los convenios con la empresa Grupo Vicente Suárez 73.
La diputada también compartió en su página una fotografía con René Gavira, el otro funcionario de Liconsa que participó en la firma de los convenios con Puente.
En el sitio oficial de Movimiento Ciudadano la legisladora aparece en imágenes junto a Ignacio Ovalle, director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la nueva dependencia federal que agrupa a Liconsa y a Diconsa.