En la ley no se establecen parámetros para fijar incluso prestaciones, sólo prohíbe percepciones no contenidas en Presupuesto de Egresos.
Es complicado establecer un sueldo para un funcionario público, sobre todo cuando no se tiene un Servicio Profesional de Carrera que pueda ser el que en parte regule”. MARCO Antonio Zamarripa, Clip Laguna.
Los salarios de los altos funcionarios públicos y aquellos que llegan a algún cargo de elección popular, en Coahuila son determinados de manera discrecional, sin atender ningún tipo de indicador, ni recomendación, además que la Ley tampoco establece parámetros para fijar incluso sus prestaciones, y sólo prohíbe que reciban percepciones extraordinarias no contenidas en el Presupuesto de Egresos de cada año.
Marco Antonio Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna, propone algún modelo de organismo que pueda regular los sueldos de los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango, en base a su desempeño, sus responsabilidades, su preparación académica, y tomando indicadores como la población de la entidad y el presupuesto que se ejercer cada año.
Si bien es cierto que el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, en cumplimiento a nuevas leyes a nivel federal publican el número de plazas y el sueldo que durante cada año recibirá cada persona que ocupe dicha plaza, no hay un antecedente respecto a cómo fue que se fijó tal percepción.
Incluso algunas prestaciones salen del rango de las legislaciones aplicables, como en el caso del Poder Legislativo, en donde los diputados perciben dinero que no está contemplado al menos en la legislación laboral.
El Presupuesto de Egresos 2018, en su artículo séptimo, establece que la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de su competencia, publicará los tabuladores de sueldos y determinará los criterios en materia de administración de personal.
Sin embargo el hecho de que los sueldos estén publicados en un presupuesto de egresos no es garantía de que se respete todo el año ese gasto con el sueldo y con el número de plazas, por la Ley que regula ese presupuesto expresa que “los tabuladores de sueldos que sean publicados por la Secretaría de Finanzas de acuerdo al artículo 7 del presente presupuesto de egresos, se podrán actualizar y modificar de acuerdo a los requerimientos señalados en la legislación aplicable”.
La Constitución de Coahuila, norma primaria en el establecimiento de alguna legislación que regule los sueldos, sólo señala en su artículo 187, reformado en diciembre del 2018, que “los servidores públicos Estatales y Municipales, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que se determinará anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos del Estado, los Presupuestos de Egresos de los Municipios y en los Presupuestos de las entidades paraestatales y paramunicipales según corresponda”.
Es decir, la Constitución habla de una remuneración adecuada por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que será determinada anualmente y de manera equitativa con el Presupuesto; se abre paso a una regulación secundaria que determine una metodología de rango de sueldos, pero también deja abierto cualquier criterio para establecer sueldos.
Lo único que hace expresamente la Constitución de Coahuila es prohibir los “bonos extraordinarios”, sin embargo esto sigue dando; “quienes ocupen un cargo de elección popular, o de representación proporcional no podrán recibir remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos. La infracción hace responsable solidariamente, por su devolución, a la autoridad que ordene el pago de la percepción extraordinaria; al servidor público que lo ejecute o al que lo reciba”.
De igual forma, la Constitución de Coahuila no es clara al señalar que en el caso de los municipios el ejercicio presupuestal se hará con apego a la honestidad, legalidad, optimización de los recursos, racionalidad e interés público y social, además que prohíbe de igual manera los pagos extraordinarios a funcionarios.
En el caso de Coahuila los planes de austeridad y ahorro de la administración estatal, de los organismos, de los municipios y del resto de los poderes no se plasman en legislaciones y son programas a los cuáles la ciudadanía no tiene acceso para verificar su cumplimiento.
La prioridad actual del Gobierno Estatal es el ahorro y la austeridad debido a la falta de liquidez, la abultada deuda pública, y la carga extraordinaria que están representando los sistemas pensionarios de los profesores y de los burócratas.
El presupuesto de Coahuila para el año 2018 está fijado en 47 mil 701 millones de pesos, sin contar con recursos extraordinarios que puedan llegar del Gobierno Federal, y su gasto en el capítulo 1000 de servicios personales es de 16 mil millones 762 mil pesos, pero esto incluye la nómina de policías, de los servicios de salud y profesores.
La nómina de burócratas del Poder Ejecutivo, sin incluir la nómina de programas es de 73 millones 231 mil 194 pesos mensuales y se compone por 5 mil 428 personas al 1 de octubre de 2018.
(Vanguardia).