Nuevo León con 13 mil 748 pesos; Chihuahua, 13 mil 174 pesos; Coahuila, 12 mil 93 pesos; y Quintana Roo, 11 mil 666 pesos fueron las entidades federativas con mayor deuda per cápita al cierre de 2018, cuyos gobiernos anteriores fueron administrados por priistas bajo proceso penal. Ahora, ante la contingencia financiera que atraviesan, las gestiones actuales tienen un reducido margen de maniobra para programas sociales o invertir en inversión pública, plantea un informe realizado por el investigador Kristóbal Meléndez, del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
“Las entidades federativas han disminuido su deuda per cápita y sus niveles de endeudamiento desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera en 2016. Sin embargo, el incremento de tasas de interés del Banco de México aumentó el servicio de deuda potencial deteriorando la perspectiva de algunos estados, por lo que habrá menores recursos disponibles para programas sociales o las entidades federativas tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto público”, dice el estudio.
La economista Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observó que estos niveles de endeudamiento documentados por el CIEP son muy altos y “comprometen gravemente” los ingresos de las entidades federativas, y con ello los servicios públicos que deben otorgar a la ciudadanía.
Respecto a la Ley de Disciplina Financiera, consideró que “falta una mayor vigilancia” sobre el destino o posible desvío de los recursos tanto por parte de la federación como de los Congresos locales “algunos coludidos con el gobierno estatal”.
“El pago de interés de la deuda les disminuye su capacidad para seguir incrementando la estructura pública o para seguir proporcionando servicios”, explicó Violeta Rodríguez.
“Tienen un margen de maniobra bastante disminuido que compromete prácticamente a toda la administración, sobre todo en lo que se refiere al gasto inversión que es el que normalmente primero es castigado”, agregó.
HERENCIAS DE PRIISTAS
La deuda per cápita promedio de los estados al cierre de 2015 era de 5 mil 408 pesos y para el término de 2018 bajó a 4 mil 426 pesos en promedio. No obstante, la tasa de interés aumentó en ese periodo de 5.5 por ciento a 9.2 por ciento. Solo de 2017 a 2018, la tasa de interés promedio se elevó de 8.1 por ciento a 9.2 por ciento, un incremento de 13.6 por ciento.
Nuevo León (13 mil 748 pesos), Chihuahua (13 mil 174 pesos), Coahuila (12 mil 93 pesos) y Quintana Roo (11 mil 666 pesos) fueron las entidades federativas con mayor deuda per cápita al cierre de 2018 y Nuevo León, Baja California, Coahuila, Michoacán y Veracruz pagaban las mayores tasas de interés al cierre de 2018 con al menos 9.6 por ciento.
Chihuahua, administrado por el panista Javier Corral Jurado (2016-2021), heredó la deuda del priista César Duarte Jáquez, quien acumula 21 órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos públicos desde marzo de 2017. Tanto su proceso de extradición de Estados Unidos como su expulsión del partido tricolor siguen pendientes.
En Coahuila y Quintana Roo la raíz del alto endeudamiento es similar.
El priista Miguel Riquelme Solís (2017-2022) recibió la deuda en rojos de los hermanos Moreira. Uno de ellos, Humberto Moreira (2005-2011), fue detenido en España por presunto lavado de dinero, pero fue liberado días después.
En octubre de 2018, por ejemplo, se renegoció la tercera reestructura de la deuda de Coahuila, lo que dio un poco de “oxígeno” a las finanzas públicas al considerar que dará liquidez por 520 millones de pesos anuales, aunque el plazo para cubrir su totalidad se postergaría hasta 2048.
El perredista Carlos Joaquín González heredó la deuda del priista Roberto Borge Angulo (2011-2016), detenido en Panamá por presunto peculado.
En el Informe de Evaluación de la Deuda Pública Fiscalizable de 2017, la Auditoría Superior de Federación (ASF) destacó Quintana Roo como una de las entidades donde se registró “una mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras de 2011 a 2015, esto es durante el Gobierno de Roberto Borge Angulo.
De 2007 a 2015, que compete a los gobiernos de los priistas Félix González Canto y de Borge Angulo, la deuda de esa entidad creció de 2 mil 427.8 millones de pesos a 22 mil 442.5 y, a la fecha, el Gobierno local sólo la ha logrado reducir el monto 2 mil 226 millones por el pago de intereses.
En este caso, el CIEP plantea que los estados con mayor incremento en servicio de deuda potencial podrían hacer ajustes a su presupuesto o recurrir a una reestructuración que disminuya la tasa de interés.
Pero advierte también que estos cambios requieren considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y combate a la pobreza. Además, desde 2019 las entidades federativas ya no contarán con recursos del ramo 23 para saneamiento financiero como ayuda adicional al pago de obligaciones, ya que sufrió una disminución presupuestal de 69 por ciento en medio de señalamientos de opacidad.
Medido por sus ingresos de libre disposición, uno de los indicadores del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Durango, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí son los estados que incrementaron su nivel de deuda y servicio de deuda.
Sin Embargo.