Apenas llegamos a la mitad del primer mes del año y ya hay recortes en las expectativas de crecimiento del país. La Secretaría de Hacienda es la más optimista al estimar un crecimiento para este año de 4.1%. La mayoría de las instituciones —bancos y organismos internacionales— pronostican alrededor de 3%, aunque algunos, como Bank of America, son más pesimistas y estiman que México crecerá únicamente 1.5%.
México no tiene tiempo que perder. Durante años se criticó el crecimiento de la economía mexicana que mostraba tasas promedio cercanas a 2.5% y hoy esa cifra parece casi deseable. El país necesita inversión rentable: pública, privada, extranjera, nacional. El nivel de inversión fija bruta que existe es parecido al que se tenía en febrero de 2011. Si queremos ampliar la capacidad instalada solo queda invertir.
En ese entorno empieza a discutirse a través de Parlamento Abierto la iniciativa de Reforma Energética. La iniciativa pretende limitar la libre competencia estableciendo que la Comisión Federal de Electricidad tendrá al menos 54% de participación en el mercado energético. El porcentaje se determinó así porque fue la participación que tuvo CFE en el mercado en 2018, misma que ha ido disminuyendo con los años (en 2020 fue 38%). La producción del sector privado estaría topada a 46%. Los consumidores de energía solo podrán comprársela a CFE —lo que la convertiría en un monopolio— y los productores privados solo pondrán vendérsela a CFE —lo que la haría un monopsonio—.
Limitar la competencia tendrá un impacto en los costos. Para evitar un incremento en las tarifas que pagamos los consumidores tendría que incrementarse el subsidio. Hay que recordar que el suministro básico es monopolio de CFE y que las tarifas se determinan por la cantidad de energía que se consume. Hoy 97% del consumo de los hogares en México recibe una tarifa subsidiada y el monto asignado al subsidio este año alcanza los 73 mil millones de pesos. Esa cifra no haría más que aumentar si la iniciativa prosperara porque los costos de generación de CFE son hasta 252% más altos que los de los participantes del sector privado que instalaron energías renovables a partir de las Subastas de Largo Plazo, suspendidas desde 2019.
Además, la generación eléctrica de CFE —con las participaciones establecidas en la iniciativa— no sería suficiente para atender la demanda de energía que tendrá el país en los próximos años. Con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, de no haber inversión en infraestructura en las centrales de generación, México dejará de tener capacidad instalada suficiente para satisfacer la demanda en 2023. CFE tendría que invertir miles de millones de pesos solo para mantener el ritmo de la demanda.
En ese sentido, la discusión no debería girar sobre si CFE —o el país— tiene los recursos para hacerlo. Al final del día estamos hablando de recursos públicos que siempre son escasos. Esa inversión podría darse desde el sector privado sin representarle un costo a la hacienda pública liberando recursos para otras áreas prioritarias. La decisión debería considerar los costos de oportunidad y no responder a un discurso meramente ideológico.
El impacto negativo de la iniciativa (reforma eléctrica) es mayor a lo aquí planteado. Tan es así que su solo planteamiento detuvo todas las inversiones en el sector por la incertidumbre que ocasiona. El país necesita energía para crecer. Con iniciativas como esta, cualquiera diría que tenemos ganas de frenar el crecimiento.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora (Valeria Moy)y no representan la postura institucional.
IMCO/ El Universal