En el artículo de la semana pasada describí las situaciones que revelan la consideración, por decir lo menos, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha tenido para el Gobierno del Estado, al concederle un plazo excesivo para responder sobre su participación en la violación de mis derechos de manifestación y en el encarcelamiento injustificado del que fui objeto el pasado mes de septiembre. Cerré la columna preguntando: ¿A quién protege la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila? ¿Protege los intereses del Gobernador o los derechos de los ciudadanos?
En esta ocasión voy a referirme a las inconsistencias e incongruencias de los informes que rindieron las autoridades con relación a los hechos violatorios de mis derechos, perpetrados por las corporaciones policiacas que ejecutaron las órdenes del Gobernador, Miguel Riquelme, con la complicidad del ex alcalde Manolo Jiménez. Hablaré también de la propuesta de CONCILIACIÓN que paradójicamente me hacen, no obstante que en sus informes niegan los hechos. Para ello, hago un resumen de la contestación que presenté ante la CDHEC, el pasado 23 de mayo, relativa a esos informes y a la referida propuesta de conciliación.
1.- En el Informe del Gobernador y del Secretario de Gobierno del Estado, efectuado a través de la Consejería Jurídica del mismo Gobierno, niegan los hechos que se les atribuyen, pero manifiestan estar dispuestos a una conciliación, de donde se desprende el reconocimiento tácito de su participación intelectual en los hechos, a través de la orden girada por ellos a los organismos de seguridad pública estatal y municipal, para desalojar el Plantón Magisterial de la Plaza de Armas de Saltillo, que en forma pacífica realizábamos trabajadores activos y jubilados de la Secretaría de Educación estatal, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, como lo refiere el informe de la Inspección de la Agencia de Investigación Criminal, Región Sureste, de la Fiscalía General de Coahuila, de fecha 29 de noviembre del 2021, en la que textualmente dice: “…DIFERENTES CORPORACIONES DEL ESTADO Y MUNICIPAL, FUERON CONVOCADOS A REUNIRSE A LA PLAZA DE ARMAS FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL RETIRO DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN CAMPAMENTO POR PARTE DE MAESTROS ACTIVOS Y PENSIONADOS DE LA EDUCACIÓN DE DIFERENTES INSTITUCIONES”. Y en efecto, como se relata en ese Informe, el 14 de septiembre de 2021 el Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo, ordenó el ya citado desalojo violento del campamento, rompiendo el diálogo iniciado con dicha Coalición, de cuya coordinación formo parte.
2.- En la respuesta de los informes de las autoridades municipales:
a).- El que corresponde al del Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Saltillo, de fecha 13 de diciembre de 2021, reconoce que sí me detuvieron, pero sin hacer alusión a que la presencia de los policías municipales era porque se encontraban realizando un operativo de desalojo de la Plaza de Armas del referido Plantón Magisterial y, como puede observarse en su informe, fui detenido arbitrariamente atribuyéndome el inventado delito de amenazas, pues admiten que yo me encontraba sobrio y atendí las indicaciones verbales, proponiéndome por tanto, de su parte, un Procedimiento de Conciliación, mismo que hace suyo también el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Saltillo, lo cual significa que las “amenazas” no ocurrieron, pues en caso contrario tal propuesta sería innecesaria.
b).- El Informe Policial Homologado de la misma fecha, refiere que los policías municipales manifiestan que se encontraban en resguardo de la Plaza de Armas, porque se estaban instalando vallas metálicas para brindar seguridad al Palacio de Gobierno, omitiendo que se estaba desalojando a las personas y retirando las carpas, carteles y mantas del Plantón Magisterial del que yo formaba parte, que por cierto y para fortalecer mi afirmación, el propio Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana ordenó se nos devolvieran nuestras pertenencias días después a la fecha del desalojo, mismas que nos fueron entregadas el 7 de octubre de 2021, por lo que la supuesta amenaza de explotar unos petardos, como dice el informe de los policías, resulta inverosímil, pues no coincide con el informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como tampoco con el de la Fiscalía General del Estado, respecto a que no se encontraron elementos que me incriminen y demuestren el supuesto delito que se me atribuyó.
3.- En los informes que rinden la Fiscalía General del Estado:
a).- En el Examen de Detención del suscrito, contenido en la carpeta de investigación 01605/SAL/ATD/2021, se dice que se giraría oficio para que la Policía de Investigación procediera a investigar los hechos motivo de la apertura de la mencionada carpeta; lo cual en ningún otro documento de la Fiscalía se acredita que se haya hecho y producido algún resultado que me afecte, simplemente por que dicha investigación posterior no se realizó, y por tanto la Fiscalía no tenía elementos para consignar.
b).- Por otra parte, conforme al documento Acuerdo de Medidas de Protección, de fecha 14 de septiembre de 2021, se desprende que aunque refieren contar con la denuncia de los policías supuestamente afectados por el delito de amenazas, no se agregó al informe de la Fiscalía porque no se cuenta con tal denuncia, sino tan solo con el informe policial homologado, por lo que se desvanece mi presunta culpabilidad, lo que no impidió que se me impusieran, sin justificación alguna, temerarias medidas de restricción, como el no acercarme alrededor de Palacio de Gobierno durante 60 días (que por supuesto no acaté, pues era una restricción absurda e injusta)
c).- Igualmente el Acuerdo de Libertad de la misma fecha, 14 de Septiembre de 2021, suscrito por la Agente del Ministerio Público, especifica claramente que “…NO SE CUENTA CON DATOS QUE INDIQUEN LA PROBABLE INTERVENCIÓN DEL IMPUTADO EN LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN”, por lo que se ordenó mi liberación.
Por lo que respecta a la propuesta de CONCILIACIÓN que hacen las autoridades, expuse a la CDHEC los términos en los que aceptaría dicha propuesta:
- Que las autoridades correspondientes del Estado y el Municipio me presenten previamente una propuesta de DISCULPA y RECONOCIMIENTO de que mi detención fue arbitraria, injustificada y ejecutada en perjuicio de mis derechos de libertad, de libre tránsito y de manifestación y expresión de mis ideas, lo cual en su momento tendría que hacerse público.
- Que la Fiscalía General del Estado cancele en forma definitiva, y en los términos legales apropiados, los procedimientos judiciales que infundadamente pretendiese emprender en mi contra por hechos ocurridos en 2018, relacionados con nuestras manifestaciones en el Congreso del Estado, y por los hechos del 2021, relacionados con la Queja que nos ocupa.
Vamos a ver si efectivamente las autoridades están dispuestas a una CONCILIACIÓN en los términos que les he propuesto. De lo contrario, la CDHEC está obligada a proceder conforme a lo establecido en la Ley y a emitir la RECOMENDACIÓN que reivindique mis derechos.