El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León confirmó una sentencia contra Santander para que pague unos 800 millones de dólares a las hijas del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada.
La Séptima Sala Unitaria Civil ratificó hace un mes la resolución del Primer Tribunal Colegiado de ese estado, que en mayo de 2021 encontró responsable al banco por haber violado un contrato de fideicomiso.
En él Garza Sada depositó 36 millones 700 mil acciones del conglomerado regiomontano que fundó con su hermano, Bernardo, títulos que serían usufructuados por sus cuatro hijos a su muerte.
Hablamos de Roberto, María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, de los que el primero se apropió indebidamente del patrimonio, valuado en cerca de mil 632 millones de pesos.
Desde el inicio el banco de Ana Botín se opuso a dar información a las también beneficiarias del fideicomiso testamentario, por lo que demandaron en la vía ordinaria mercantil a la institución.
Se reclamó a Santander que en su carácter de fideicomiso permitiera que Roberto Garza Delgado dispusiera ilegalmente del patrimonio fideicomitido.
Santander se defendió en juicio argumentando haber actuado de acuerdo a las órdenes de Garza Sada, exhibiendo para ello copias simples de siete cartas de instrucción.
Conforme a ellas, supuestamente el empresario y padre de los hijos en conflicto autorizaba la transmisión de la mayoría de las acciones a su primogénito varón.
No obstante como fue avanzando el juicio en segunda instancia, se demostró que las cartas eran apócrifas: Roberto júnior había falsificado la firma de su propio padre para despojar a sus hermanas.
Hace un año el Primer Tribunal Colegiado encontró culpable a Santander de incumplimiento del contrato del fideicomiso testamentario, a lo que su defensa, los abogados Javier Quijano y Javier Cortina, rebatieron a los largo de 12 meses.
Pero hace un mes la Séptima Sala confirmó la responsabilidad del banco y dejó en firme la sentencia que lograron sus contrapartes, los litigantes Jaime Guerra, Gerardo Montes y en su momento Diego Fernández de Cevallos, para que pague esos casi 800 millones de dólares.
Ahora mismo Quijano está buscando que algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga suyo el caso, lo que francamente se ve muy cuesta arriba.