En México “instituciones” se confunde con textos, costumbres, edificios y algunas personas; sin embargo, omitimos cosas tan importantes como: El objeto por el que se crean e instrumentan, la importancia de disciplinarse a sus procedimientos, la razón por la que se les otorgan recursos materiales; y lo más importante, la obligación de investir como sus dirigentes a individuos comprometidos con la ley; de integridad intachable; de probada experiencia en la materia; y con capacidad administrativa para generar resultados con los recursos que se les confían. La institución Presidencial por ejemplo, goza de atributos extra cargo como una pensión vitalicia y la protección del estado por el resto de sus vidas; y esto responde a la necesidad de garantizar que el ejecutivo piense solo en el beneficio del país, sin distraerse en resolver su supervivencia económica y segura pasada su administración. Algunas personas consideran excesivos los costos de estos beneficios, sin tomar en cuenta los grandes riesgos de que las decisiones mas trascendentales para la patria, se tomen con miedo a la venganza de personajes poderosos cuyos intereses se lastimen en pro de la comunidad, o la posible colusión con hampones para rescatar beneficios con el objeto de resolver el incierto destino que el futuro les depara.
Para que cualquier aparato público goce del respaldo del pueblo, se requieren gobernantes confiables, por ello, es imposible recobrar el respaldo de la sociedad para las “instituciones” si las personas que las manejan, no se apegan a la legalidad, o peor aún, si son inexpertas en el desempeño de sus cargos, laxas en el cabal cumplimiento de los procedimientos, e indignas de la confianza que se les confiere.
Dejando a un lado a la figura del presidente, hoy a nivel federal tenemos un canciller que presume su inexperiencia en los temas internacionales; a un secretario de educación reconvenido por una niña por su inadecuada forma de hablar; y a un secretario de desarrollo social, tan falto de civismo que no pudo votar por omiso. Tampoco podemos olvidar a otras instituciones como el INEGI donde recientemente se relevó a su titular por una errática sustituta.
Para calificar a nuestro gobierno y sus “instituciones”, son suficientes las mediciones de la popularidad desde la presidencia, hasta el sistema de partidos supuestamente garantes de una vida democrática, todos poseedores de un profundo desprestigio y carentes del respaldo social.
Hoy resulta impostergable cambiar esa percepción, y le toca a la autoridad electoral, desde el organismo ejecutivo “ciudadano” INE, hasta la parte Judicial TRIFE, reparar el daño causado en Coahuila por la falta de apego a los procedimientos; la parcialidad del órgano estatal, la manipulación inadecuada del material electoral, el fallo de los sistemas de conteo y los contradictorios resultados de la herramienta estadística que debería describir la distribución de los votos antes de su conteo total.
En la antesala del relevo presidencial, lo urgente es la reinstalación de la confianza en las “instituciones” para garantizar la democracia, y eso depende fundamentalmente de lo que pase en Coahuila.
Hoy los coahuilenses estamos dispuestos a tomar las calles y no nos distinguíamos por ese tipo de expresiones. Finalmente, a las “Instituciones”, las instamos a evitar que este malestar crezca y nos lleve a actos de franca rebeldía antes de la próxima elección federal.
Actúen en consecuencia y recobren nuestra confianza.
¡Que Dios Nos Bendiga!
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