ZERON NO CUMPLIO CON SU OBLIGACION LEGAL DE ACOMPAÑARSE DE AUTORIDADES.
Cuando el responsable de la investigación que mayor relevancia mundial ha tenido en este sexenio, decide avalar hechos con la presencia de extranjeros, algo tiene que estar equivocado en el manejo legal.
¿Es Tomás Zerón ministerio público, autoridad que puede dar fe legal de hechos presuntamente delictivos? ¿No existe un agente del Ministerio Público responsable de la investigación, con obligación de estar presente en estas diligencias?
¿Por qué estaba un “indiciado”, “presunto culpable”, en una investigación presencial de sus dichos, sin la presencia de su abogado, como marca la ley? ¿Por qué no estaban junto a Tomás Zerón peritos forenses?
La explicación que dio es insuficiente.
Y cuando la expresión pública de hechos, magnificación ante medios, es insuficiente se presta a todas las interpretaciones.
El GIEI en su informe señala que, según un vídeo de fuente periodística, que no está incorporado legalmente al expediente, Tomás Zerón estuvo presente en el río San Juan con un presunto responsable, el día anterior a que descubriesen, precisamente ahí, una bolsa de basura con restos humanos, que resultaron pertenecer al único de los normalistas que ha sido identificado plenamente.
¿Qué hacía ahí Zerón? Su respuesta, tardía, no parece satisfacer a la opinión pública más dispuesta a sacar conclusiones plenas de imaginación.
¿Por qué no estaba el Ministerio Público presente?
Es el debido proceso habrá que decirle al señor Zerón.
Pero entonces, también, tendríamos que señalarle a la PGR que en infinidad de casos no se respetan los protocolos legales en la investigación. No solamente por las presunciones de tortura (que deben investigarse) sino por no cumplir con las mínimas reglas forenses.
Y esto viene de la actuación de la misma procuradora, ella sí ministerio público por razón de su puesto. Las filmaciones, divulgadas en todos los medios de comunicación, de su presencia en la casa donde terminó su espectacular fuga de una prisión de alta seguridad “El Chapo” Guzmán, así lo demuestran.
En las imágenes, divulgadas profusamente, se ve a la procuradora, Arely Gómez, a los funcionarios que la acompañan, incluso a sus escoltas, viendo el túnel por donde se escapó… y ninguno trae puestos guantes o los “monos” blancos forenses. Es decir, su presencia intencionalmente contaminó una presunta escena forense.
Imaginemos que el director de la cárcel estaba esperando al criminal en esa casa… la contaminación de ese sitio, de la que hay constancia por imágenes oficialmente divulgadas por la PGR, tiene que haber impedido un correcto levantamiento de huellas digitales que así lo pudiesen probar.
De igual manera, la presencia de Tomás Zerón en el sitio donde al día siguiente fue encontrada una prueba vital, que además viene a ser probanza de la tesis oficial bajo su responsabilidad, entorpece su investigación. Si, como dijo en la conferencia de prensa, fue a ese lugar para “verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados y sus restos arrojados al río”, no hay justificación para que no se hubiesen cumplido los protocolos.
Eso es lo más importante, no haberse cumplido los protocolos legales a los que está obligada la autoridad. No haberlo hecho en una investigación expuesta al escrutinio pública nacional e internacional.
¿Por qué no lo hizo? Su omisión es lo que permanece, no la razón personal.
A partir de ahí, cualquier cantidad de interpretaciones adquiere credibilidad.
Tendríamos que preguntarnos si queremos policías, jefes policiacos, responsables de investigaciones, que no cumplen con sus obligaciones legales. Ese es el punto. Porque la decisión de sus jefes, léase la procuradora Arely Gómez, de mantener en su puesto a un policía que acudió a una diligencia súper importante sin acompañarse de los funcionarios forenses, los peritos, los fotógrafos oficiales, el Ministerio Público, que debieron acompañarlo, un policía que llevó a un detenido sin su abogado como está obligado a hacer, afecta a todo el sistema de impartición de justicia.
Y nos hace sentir, a muchos sectores de la sociedad, que las investigaciones no las realiza la PGR, ya no una persona sino una institución, con el debido apego a las leyes.
Si Tomás Zerón estuvo ahí de paseo, de visita, de buena fe, creyendo que hacía lo correcto, es irrelevante. Si se dio cuenta tarde de su error y llamó a las autoridades para que acudieran, es irrelevante. Si ahí estaban, testigos circunstanciales, enviados de la ONU o decenas de periodistas, es irrelevante. La fotografía de estos como “testigos” no es prueba, menos todavía lo exculpa de no cumplir con su obligación legal.
Y ni siquiera nos ofreció una disculpa por eso…
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