En la columna anterior me referí a la corrupción como el peor mal social que aqueja a nuestro país a nivel nacional, pero también en el ámbito local, por lo que recordaba que ex gobernadores de varios estados han sido sujetos de investigación, algunos enfrentan juicios penales desde la cárcel y otros han logrado evadir la justicia mediante su fuga y la protección del grupo en el poder, como es el caso de Coahuila, que ha destacado, lamentablemente, como uno de los ejemplos de mayor corrupción e impunidad, flagelos que han generado una gran afectación a las finanzas públicas, lo que sin duda repercute en el déficit de la vida social, el desarrollo económico, educativo, cultural, deportivo y en la falta de programas para protección de la salud y el bienestar de los coahuilenses.
En efecto, debido a la corrupción se generó la mega deuda pública del estado, gran parte adquirida en forma ilegal, la cual ha sido considerada como la más alta per cápita: “en la presentación del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso que Coahuila ocupa el sitio más alto de la tabla con una deuda por habitante de 12 mil 292 pesos; siguen Quintana Roo con 12 mil 252 pesos, Nuevo León con 11 mil 200 pesos y Chihuahua con 11 mil 167 pesos.” (El Financiero, 01, diciembre, 2015). Y como la impunidad es la hermana gemela de la corrupción que permite la opacidad y el encubrimiento de los delitos, el grupo en el poder decretó que la información de la deuda fuera clasificada como reservada, así que si bien nos va, los detalles de todo lo concerniente a la misma serían dados a conocer, probablemente, hasta después de terminada la actual administración y cuando seguramente hayan prescrito los delitos respectivos.
Otros casos no menos relevantes le han dado fama nacional a Coahuila por escándalos derivados de ilícitos generados por la corrupción. Sobresalen: el desvío de cientos de millones de pesos a “empresas fantasmas” por parte del Gobierno del estado, sin que a la fecha se hayan fincado responsabilidades civiles o penales sobre los involucrados. En efecto, Coahuila es el segundo estado donde más se registraron operaciones con ese tipo de “empresas”, según el reportaje “Frontera de papel: desvíos de empresas fantasmas en el norte de México”, investigación elaborada por Miriam Ramírez, integrante de la organización Iniciativa Sinaloa y en alianza con el Border Center four Journalists and Bloggers, en el que se describe que del 2014 al 2017, años en los que gobernó Rubén Moreira Valdéz, se facturaron $680 millones 154 mil 231 pesos a empresas fantasma, y ya durante la administración del actual Gobernador, Miguel Riquelme, solo en el año del 2018 se facturaron poco más de 43 millones de pesos bajo el mismo esquema (https://www.borderhub.org/noticias-especiales/frontera-de-papel-desvios-de-empresas-fantasma-en-el-norte-de-mexico/).
Otro caso relevante es el daño por más de 1,300 millones de pesos causado a los fondos de pensiones, servicio médico, vivienda y seguro de los trabajadores de la educación, generado por administradores y dirigentes sindicales en complicidad con el grupo gobernante. Sobre el caso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado denuncias por varios hechos, presuntamente constitutivos de delitos cometidos por directivos y administradores del Fondo de la Vivienda, Dirección de Pensiones, Instituto del Servicio Médico y Seguro, durante los años 2013 al 2016. (Las denuncias fueron presentadas en enero de 2015, mayo de 2016 y agosto y diciembre de 2018). Faltaría indagar a fondo en las cuentas de 2011 y anteriores, además de lo que resulte de las auditorías del 2017 al 2021.
La suma de las cantidades reclamadas en las denuncias referidas alcanza la cantidad de más de mil 300 millones de pesos, que desglosados en números redondos correspondientes al presunto daño al patrimonio de cada Institución, según los montos referidos por la ASE en sus denuncias, serían los siguientes:
INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO: $424 millones de pesos
FONDO DE LA VIVIENDA: $646 MILLONES DE PESOS
SEGURO DEL MAESTRO: $120 MILLONES DE PESOS
DIRECCIÓN DE PENSIONES: $108 MILLONES DE PESOS.
LOS HECHOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA INSTITUCIONES MAGISTERIALES:
Los hechos señalados en las denuncias comprenden, entre muchos otros:
– Desvío indebido de cientos de millones de pesos de las Instituciones para uso del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE.
– Dobles pagos, ilegales y en exceso a directivos, vocales, auxiliares y empleados comisionados en las Instituciones.
– Contratación no justificada de personal y dobles pagos a pensionados comisionados a las 4 Instituciones y al Comité Ejecutivo de la Sección 38, pensionados que por ley no deben recibir un sueldo aparte de su pensión.
– Pagos discrecionales y excesivos, con cargo a las cuentas de las Instituciones, a empleadas, empleados y colaboradores de dirigentes, que nunca se presentaron a laboral en los departamentos “asignados”.
– Doble pago y prestaciones en exceso a comisionados que ya percibían sueldo de SEDU.
– Pagos en exceso y favoritismo en el cálculo de pensiones asignadas a algunos pensionados y jubilados, asignando 100% a quienes no cumplían los años de servicio o alterando la proporción correspondiente por ley.
– Gastos no comprobados por distintos conceptos y materiales inexistentes.
– Pago indebido de gratificaciones y compensaciones a administradores de cuentas institucionales del Estado, la UAAAN y la UA de C.
– Destrucción deliberada y dolosa de documentación relativa a cuentas de ingresos y egresos.
-Pagos dobles en 2 instituciones a directivos, dirigentes y comisionados.
– Préstamos excesivos y algunos no cobrados, para dirigentes sindicales, administradores, directivos y familiares.
– Daño al patrimonio institucional por negligencia, descuido y contubernio con terceros.
-Destrucción deliberada de documentación comprobatoria de ingresos por venta de bienes y servicios. Negligencia y daño al patrimonio.
-Omisión dolosa o negligente de documentación comprobatoria de gastos.
– Pago indebido a comisionados a otras dependencias sindicales o a otras Instituciones.
-Pagos sin comprobar y falta de justificación de contratación de personal suplente.
– Uso indebido de recursos y no comprobación y justificación de pagos a personal cuyos servicios y desempeño laboral no se comprobaron (no se encontró evidencia de que se presentaran a laborar).
-Daño al patrimonio por no comprobar la disminución de medicamentos en inventarios durante el traspaso a DIMESA.
– Pago sin justificación legal de prestaciones (aguinaldo, bonos extras, estímulos por asistencia, puntualidad, antigüedad y ayudas por distintos conceptos) a empleados y directivos.
– Pago indebido de prestaciones a personal eventual.
– Simulación de actos jurídicos para pagos excesivos al personal por bono navideño y apoyo para actividades deportivas y culturales.
-Pago de dobles plazas y sueldos en exceso por servicios no justificados y no comprobados.
– Contratación y Pagos irregulares no sujetos a la normatividad, a proveedores de servicios subrogados y servicios correspondientes a Planes de Protección Familiar.
-Falta de comprobación y certeza de la aplicación y destino de recursos en la relación de inventarios con la empresa DIMESA, aplicándose a fines distintos a los autorizados.
– Irregularidades en el manejo de las Cuentas de Planes de Protección (Seguros de Gastos Médicos)
– Irregularidades en el manejo de distintas cuentas, en las que a falta de documentación comprobatoria, no se tiene certeza de la aplicación y destino de recursos.
– Inconsistencias en las adjudicaciones de prestación de servicios en favor de determinados proveedores.
– Pagos indebidos de incapacidades a personal que no justificó su inasistencia.
Lamentablemente siguen impunes los delitos cometidos contra el patrimonio de los coahuilenses. Ningún castigo o sanción han recibido los causantes y beneficiarios de la deuda pública, las empresas fantasmas y el daño a las instituciones magisteriales, por citar solo tres de los casos más relevantes de corrupción en Coahuila.
En la próxima colaboración revisaremos la opción que desde el poder se ha implementado para “combatir” este mal: el Sistema Anticorrupción.