COAHUILA, OTRO MAL EJEMPLO NACIONAL
Como parte de una política nacional para atender el problema de la corrupción en México, en los últimos años del sexenio anterior se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus homólogos estatales: un cuerpo de principios, normas, disposiciones, objetivos y líneas de acción plasmadas en el papel, que desde el punto de vista teórico pueden parecer aceptables, e incluso prometedoras, para incidir favorablemente en la lucha contra este mal social. Pero ya sabemos que las leyes, por perfectas que sean, no cambian la realidad, sobre todo si quienes deben aplicarlas oponen toda suerte de artilugios.
A nivel nacional, según las evidencias que han dado a conocer medios de comunicación y organizaciones civiles, se ha avanzado un poco en cuanto a la participación ciudadana como importante factor de incidencia en el combate a la corrupción, como sucedió en el caso de la Estafa Maestra, cuyos detalles se hicieron públicos a partir de investigaciones realizadas por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción. Si bien no podemos decir que haya sido logro estrictamente del SNA, sí es un referente de cómo la sociedad civil puede incidir en esta lucha, y si las autoridades y dependencias que forman parte del Sistema favorecen e impulsan las investigaciones y las denuncias ciudadanas se podría avanzar aún más.
EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN COAHUILA
En julio de 2017, el Congreso de Coahuila aprobó la reforma constitucional respectiva y la Ley anticorrupción, obedeciendo sendas iniciativas que presentó Rubén Moreira, Gobernador en funciones en ese período.
Entre los aspectos positivos del Sistema Estatal Anticorrupción podemos destacar que éste se ha conformado siguiendo las pautas nacionales. Desde el punto de vista legislativo, la reforma constitucional y la ley específica para la conformación del SEA están en concordancia con los principales lineamientos y disposiciones normativas de la Ley Nacional.
Entre sus debilidades más significativas sobresale la falta de disposiciones y mecanismos efectivos para blindar los procesos relacionados con la elección de los órganos ciudadanos y la designación de los titulares de las dependencias que forman parte del SEA. En la percepción ciudadana hay la idea de que una buena parte de los integrantes de los órganos ciudadanos, no obstante haberse seguido procesos “abiertos, transparentes y democráticos” en su elección, no podrían catalogarse, salvo excepciones, precisamente como ciudadanos independientes, ajenos a partidos políticos, a instancias de poder o instituciones de gobierno. (Dato curioso: la Ley establece que “los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o municipal”, pero nada impide que, a manera de “reconocimiento a su capacidad” lo ocupen inmediatamente al terminar su gestión en el CPC).
Así mismo se advierte falta de independencia del poder político de las figuras que encabezan algunas de las dependencias que conforman el Sistema. Otra debilidad es que las recomendaciones del Comité Coordinador y del CPC no son vinculantes (igual sucede a nivel nacional y en la mayoría de los estados, salvo algunos cuantos que sí incluyeron esa posibilidad en su legislación para casos específicos).
Desafortunadamente en Coahuila el Sistema no ha rendido los frutos esperados por la ciudadanía. De hecho, a nivel local el nombre que en general le aplica la población es el de Sistema Estatal de Simulación. El problema fundamental, como ya dijimos, es que la mayor parte de las instancias oficiales que conforman el Sistema están cooptadas por el Gobierno, de tal suerte que el nivel de independencia y la capacidad de decisión y operación no son las óptimas para dar seguimiento a los objetivos de una política anticorrupción eficaz. En realidad, ha habido pocos resultados, según se desprende de la investigación auspiciada por el Border Center For Journalists and Bloggers, realizada por la periodista coahuilense Esmeralda Sánchez, que da cuenta del enorme rezago en las investigaciones que debería hacer la Fiscalía Anticorrupción del Estado: de 442 denuncias recibidas entre 2017 y 2019, dicha dependencia había emitido alguna resolución solo en 94 carpetas, de las cuales apenas 18 se judicializaron y de éstas solo 15 fueron vinculadas a proceso. De las 442 denuncias, 199 las había presentado la Auditoría Superior del Estado, las cuales “suman reclamos de 2 mil 836 millones de pesos por delitos cometidos entre 2014 y 2017. Esta cifra supera por mucho lo que la Fiscalía ha logrado recuperar por acuerdo reparatorio o reparación de daño en todo el tiempo que lleva trabajando: 1 millón 26 mil pesos”, se lee en el reportaje “Pierde Coahuila Combate a la Corrupción”, publicado también por Aristegui Noticias en 2019:
https://aristeguinoticias.com/0612/mexico/pierde-coahuila-combate-a-la-corrupcion-investigacion/
A la falta de resultados se suma la opacidad en cuanto a la información en las investigaciones “realizadas” en casos de presunta corrupción: un claro ejemplo es el del daño patrimonial por más de 1,300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación del estado, denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que tanto el Gobierno del Estado, las Fiscalías y el Consejo de Participación Ciudadana omiten dar información, esgrimiendo toda suerte de pretextos y justificaciones.
Así las cosas, en Coahuila los ciudadanos tenemos pendiente la tarea de rescatar el SEA y convertirlo en un mecanismo efectivo de combate a la corrupción. Lo intentamos en el 2017, año en el que se aprobó la Ley en el Congreso del Estado, pero de nada valieron las propuestas que hizo la sociedad civil organizada a través de la Alianza Anticorrupción, conformada por 109 agrupaciones que de manera plural y apartidista se integraron en un gran frente que cohesionaba asociaciones civiles, universidades, organismos empresariales, colectivos sociales, foros, colegios profesionales, sindicatos, grupos de artistas, campesinos, académicos y ciudadanos que desde tiempo atrás abanderan diversas causas sociales e impulsan acciones contra la corrupción, la impunidad y los actos de mal gobierno en el Estado. La principal demanda de la Alianza consistió en la “implementación de un Sistema Estatal Anticorrupción cuyos componentes e integrantes posean una verdadera AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA política, técnica, presupuestaria y de gestión, condiciones indispensables para asegurar su incidencia real y eficaz en la lucha contra este problema que tanto ha deteriorado las instituciones públicas del Estado.”
Entre las propuestas específicas, sobresalían:
-Establecer un método público y transparente con genuina participación ciudadana, apartidista, para la designación de los Integrantes de la Comisión de Selección y los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
– Otorgarle facultades a la Comisión de Selección, para proponer al Congreso candidatos para los cargos de Fiscal General, Fiscales Especializados en materia Anticorrupción y Delitos Electorales, Auditor Superior y Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
-Crear una Fiscalía General con autonomía real.
-Establecer una Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción con autonomía funcional, presupuestaria y de gestión.
-Instituir un Tribunal de Justicia Administrativa Especializado independiente, autónomo, funcional, imparcial, honesto y profesional en el conocimiento y resolución sobre faltas administrativas graves.
-Incrementar a 10 años el plazo de prescripción para delitos de corrupción.
-Determinar los casos para dar carácter vinculatorio a las recomendaciones del Comité Coordinador y obligar a su cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente.
– Incrementar el número de miembros del Comité de Participación Ciudadana, dentro del Comité Coordinador del SEA (su máximo órgano de gobierno).
Ninguna de las propuestas fue aceptada. Quedará para mejor ocasión posibilitar el adecuado funcionamiento del SEA, asegurando la autonomía e independencia de las principales instancias que lo componen, condición que podría lograrse cuando haya una mayor incidencia de la ciudadanía en estos asuntos públicos y cuando el Ejecutivo y el Legislativo estén a cargo de un grupo político distinto al que actualmente controla Coahuila.