La corrupción, quizá la mayor de las dolencias que padece nuestro país, es el cáncer social cuya metástasis ha ocasionado la diseminación del mal a todos los sectores sociales. Su propagación por todas las arterias del servicio público afecta no solo la economía y las finanzas de la nación; también la ecología, la educación, la salud, el desarrollo social, la seguridad, el arte y la cultura, el campo, entre otras muchas áreas, padecen las consecuencias de los actos de corrupción que cometen gobernantes, dirigentes políticos y sindicales, funcionarios y empleados de instituciones públicas, en connivencia con particulares.
Desde el más modesto encargado de recibir, procesar y verificar documentación requerida en trámites para la obtención de permisos, pasando por directores de mandos medios o de empresas paraestatales, alcaldes, gobernadores, secretarios de gabinete o presidentes de la República, se han visto involucrados en actos donde la corrupción es la condición que caracteriza negociaciones ilícitas, o poco claras y transparentes por decir lo menos, cuyas investigaciones se realizan con opacidad y dilación, o de plano con exoneraciones tan previsibles y esperadas como la de las famosas Casas Blancas.
Sin excepción del Legislativo o el Judicial, donde cada vez más se hacen del conocimiento público situaciones que involucran a jueces y magistrados, el Ejecutivo es el poder donde más prevalece la corrupción. Obvio, a mayor cantidad y manejo de dinero o relaciones para negociaciones ilícitas, mayor la tentación y la proclividad de los funcionarios a delinquir. Algunos lo hacen en forma burda y descarada como el simple robo de pesos constantes y sonantes (“abierto el cajón, hasta el honrado es ladrón”, dicen con cinismo y desparpajo); otros a través de sobornos llamados comúnmente “comisiones” de particulares por autorizaciones o contratos; hay quienes recurren al sistema, tan de moda, de transferencias a “empresas fantasmas” por pagos de servicios nunca prestados (en Coahuila son especialistas), y otros más hábiles desarrollan sofisticados mecanismos de ingeniería financiera y tratos con empresas mundiales cuyo poder corruptor es de índole trasnacional, como los casos de OHL u Odebrecht, en los que están implicados funcionarios de primer nivel de los gobiernos federales que antecedieron al actual.
De larga tradición en México, la corrupción ha ido creciendo en desvergüenza y cinismo. Muchos y memorables son los casos de sexenios como el de López Portillo, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Casos como la construcción de grandes mansiones (la Colina del Perro y la Casa Blanca), escándalos con repercusiones políticas (desvío de fondos de Pemex a la campaña de Labastida, Oceanografía, Amigos de Fox, Vamos México, La Estela de Luz, OHL, Odebrecht) y personajes involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada (la lista es enorme) han sido emblemáticos de la corrupción en las altas esferas del poder en las últimas administraciones federales.
Pero los estados no se han quedado atrás. Tanta ha sido la corrupción que ha imperado, que no pocos ex gobernadores han sido sujetos de investigación, varios ya enfrentan juicios penales desde la cárcel y otros han logrado evadir la justicia mediante su fuga y la protección del grupo en el poder.
Coahuila ha destacado, lamentablemente, como uno de los ejemplos de mayor corrupción e impunidad. Varios son los casos que dan fama al estado: la deuda pública adquirida en su mayor parte de manera ilegal; la facturación por parte de empresas fantasmas; el descalabro a los fondos de pensiones, vivienda, seguro y servicio médico de los trabajadores de la educación; la falta de comprobación de fondos federales, y en el ámbito privado, pero vinculado con funcionarios de los gobiernos federal y estatal anteriores, el caso del Presidente de Altos Hornos y sus ventas mal habidas.
En la siguiente entrega hablaremos precisamente de la corrupción y la impunidad que imperan en Coahuila, el fallido Sistema Estatal Anticorrupción y la necesidad de una mayor participación ciudadana en el combate a estos flagelos sociales.