La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escucha este miércoles y vía Zoom argumentos sobre la polémica Ley SB4 de Texas, cuya vigencia había vuelto a dejar en suspenso el martes tras su reactivación por orden de la Corte Suprema.
La Corte Suprema de EEUU le trasladó el martes el caso al Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans y con competencia sobre asuntos de Texas, aunque negándose a mantener en suspenso su aplicación mientras avanza la disputa legal entre el gobernador Greg Abbott y el Ejecutivo federal, por lo que durante unas la norma estuvo en vigor.
Pero un panel de tres jueces de la corte de apelaciones votó 2-1 a favor de volver a mantener suspendida la aplicación de la legislación texana, por lo que la ley volvió a quedar bloqueada otra vez de forma temporal.
Más allá de cómo actúe el Quinto Circuito tras escuchar los argumentos de este miércoles, la corte de apelaciones ha fijado una audiencia de argumentos orales el próximo 3 de abrir para tratar si la ley es inconstitucional y debería derogarse, como pide el gobierno federal, alegando que viola su autoridad exclusiva para supervisar las cuestiones de inmigración.
La ley SB4 permite a las fuerzas policiales locales arrestar a cualquier persona sospechosa de haber entrado al país de forma irregular y autoriza a casi cualquier juez estatal a enviarlos a la frontera para ser expulsados. Los activistas consideran que aumentará la persecución racial en el estado y la Casa Blanca alega que se trata de una competencia federal.
Tampoco está claro a dónde podrían ir los inmigrantes a los que se les ordene salir del país si la ley entra en vigor, ya que la legislación pide que sean enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, aun cuando no sean ciudadanos mexicanos. Y el gobierno de México ya anticipó el martes que no aceptaría “bajo ninguna circunstancia” el regreso de migrantes a su territorio deportados por el estado de Texas. El país no está obligado a aceptar a personas deportadas, excepto que sean ciudadanos mexicanos.
Por su parte, Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar medidas ante lo que ellos mismos califican como una crisis en la frontera sur. El gobernador Abbott ha descrito la situación como una “invasión”, por lo que ha instaurado una serie de medidas en su estado para detener el flujo migratorio. Desde una valla de alambre de púas, por la cual también enfrenta una batalla legal con el gobierno de Biden, hasta la polémica ley SB4.
El mes pasado, un juez de distrito bloqueó temporalmente la ley SB4 de Texas diciendo que probablemente era inconstitucional y “podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”.
En efecto, siguiendo los pasos de Texas de instaurar leyes migratorias fuera del sistema federal, este mismo martes los legisladores de Iowa aprobaron un proyecto de ley que tipifica como delito ingresar al estado después de haber sido deportado o de que se le haya negado la entrada a EEUU.
Según el juez de distrito David A. Ezra, la SB4 de Texas se entromete en los asuntos federales incluso más que una ley de inmigración de Arizona que la Corte Suprema anuló parcialmente en 2012. Sin embargo, sin dar una explicación, otro panel del Quinto Circuito detuvo la decisión de Ezra y dijo que la ley podía aplicarse, al menos de forma temporal, a no ser que interviniera la Corte Suprema.
Fue así como la administración Biden junto al condado de El Paso y grupos de defensa de los inmigrantes, quienes habían presentado una demanda para bloquear la legislación de Texas, pidieron a la Corte Suprema que mantuviera la ley en suspenso mientras continúa la disputa legal.
La Corte Suprema inicialmente bloqueó la ley, hasta que este martes decidió trasladar el caso de vuelta al Quinto Circuito, sin impedir que la legislación entrase en vigor. Las tres juezas liberales manifestaron su disconformidad con la decisión.
“Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión de disenso, respaldada por la magistrada Kentaji Brown Jackson.