El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la disolución de la Cruz Roja de Nicaragua, una organización humanitaria creada en 1931, cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego arrasada por un incendio.
La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, remitió este miércoles una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo, sino que mandata confiscar los bienes de la asociación y “traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa).
El principal argumento del sandinismo es que la Cruz Roja Nicaragüense se rige por los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”. El régimen alega que la asociación de Nicaragua “actuó contra esos principios” en 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.
“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, indica el documento aprobado por los legisladores sandinistas.
El Gobierno también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no presentar “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”. Es decir, las mismas alegaciones que el régimen de Ortega y Murillo ha hecho en contra de las 3.290 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han decapitado desde 2018 por no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, una de las normativas para acallar a y desarticular a la sociedad civil.
“Esto es el colmo, otro intento de controlar absolutamente todo lo que sucede en Nicaragua. Esto violenta las normativas internacionales y los principios internacionales de la Cruz Roja”, dice Ana Quirós, experta en salud pública y feminista desnacionalizada. “Al pasar a ser una instancia gubernamental, deja de dejar de ser realmente Cruz Roja, que es una organización que debe ser, en primer lugar, apolítica y en segundo lugar debe ser independiente. En tercer lugar, debe ser no discriminatoria. Y lo que sabemos del Ministerio de Salud y de la actitud del gobierno es todo lo contrario”.
Confiscación de bienes
A renglón seguido, en el artículo 3 de la ley de derogación, el Gobierno ordena la confiscación de todos los bienes de la Cruz Roja de Nicaragua, pero lo solapan con el término “traspaso de bienes”. “Todo el Patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (MINSA)”, establecen los legisladores sandinistas.
Después de disolver la asociación, los diputados crearon otra figura que será controlada por el Estado, bajo la siguiente argumentación: “Desde el año 2007 el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), garantizando un abordaje integral, con el protagonismo de las familias, asegurando la salud desde el inicio de la vida, la niñez, adolescencia y adultez, volviendo a las familias sujetos activos en la construcción social de su propia salud. Este es el espíritu que asegura la salud de los nicaragüenses en Nicaragua desde un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario”.
La Cruz Roja Internacional ha intentado ser un mediador humanitario en la crisis sociopolítica de Nicaragua, apoyándose en la asociación hoy disuelta, en especial en los temas referidos a los presos políticos. Sin embargo, el encono de Ortega y Murillo contra la institución internacional tiene como precedente no sólo negarle el ingreso a las prisiones, sino que en marzo de 2022 expulsaron al jefe de misión Thomas Ess, sin informar el motivo de la decisión.
La anulación de la Cruz Roja de Nicaragua interrumpe más de una docena de proyectos y cursos de humanitarios que desarrollan en comunidades indígenas, temas de prevención de la violencia, inseguridad alimentaria, sequía, y el análisis de muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en sus laboratorios en todo el país.
“Lo más serio es que a través de la Cruz Roja uno podía tener algún tipo de servicio, tal vez no de atención médica, pero sí de traslados en casos de emergencias. Pero al pasar a ser parte del Ministerio de Salud, pierde toda independencia. Si nos viéramos en una situación como la de 2018, la Cruz Roja también se vería impedida incluso de trasladar a personas heridas o negarles la atención, tal cual hizo el sistema público de salud con los manifestantes”, plantea Quirós.
Suspendida defensora de presos políticos
Un día antes de disolver a la asociación humanitaria, el poder judicial al dictado Ortega-Murillo de manera definitiva el ejercicio de las profesiones de abogada y notario público” a la jurista Yonarqui Martínez. La disposición ha sido publicada en una circular que también declara “nulo” el título de esta profesional que se ha dedicado a la defensa de presos políticos en Nicaragua.
En las últimas semanas, Martínez ha denunciado la cacería contra opositores y los procesos exprés en contra de ellos, a quienes los jueces sandinistas han acusado de delitos políticos, como “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”.
La suspensión definitiva del título de abogada para Martínez es otro zarpazo contra los derechos constitucionales, que se suma al despojo de nacionalidad de 222 nicaragüenses, decisiones que carecen de asidero legal. No es la primera vez que abogados y juristas han sido suspendidos por razones políticas. Quienes han sido afectados, sin embargo, han decidido no denunciar por temor a represalias.
“Existen antecedentes en los que se han suspendido a abogados y abogadas, como es el caso de la doctora Orietta Benavides y del abogado defensor Manuel Urbina Lara. Ambos fueron despedidos arbitrariamente por ejercer simplemente su labor como defensores y evidencia cómo
en Nicaragua existe un irrespeto a los procedimientos específicos establecidos, tanto en la legislación notarial vigente como en el tema de la carrera judicial administrativa”, dijo Braulio Abarca, defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica.