Finanzas. Las entidades con aumentos superiores a 20% son NL, Sonora y Nayarit; Querétaro bajó 79.5%.
Al menos 11 de los 15 gobernadores que dejarán su cargo en 2021 incrementaron la deuda pública de su estado, como Nuevo León, Sonora y Nayarit, que lideran con aumentos mayores a 20 por ciento.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, a este top 3 le siguen Colima, con un incremento de 18.1 por ciento en su deuda; Baja California, con 14.6 por ciento, y San Luis Potosí, con 10.3 por ciento. En contraparte, tres gobernadores lograron reducir la deuda estatal pública, siendo el caso más llamativo el de Querétaro, donde el panista Francisco Domínguez registró un descenso de 79.5 por ciento en los saldos y actualmente la entidad sólo debe 300 millones de pesos a instituciones financieras. Las otras dos demarcaciones que disminuyeron sus obligaciones son Sinaloa, con 8.9 por ciento, y Baja California Sur, con un significativo 1.3 por ciento.
Forman también parte de la lista de 15 entidades que el año próximo renovarán el Ejecutivo y que han aumentado su deuda Guerrero, con 7.2 por ciento; Michoacán, con 5.9 por ciento, y Chihuahua, con 4.7 por ciento. Y entre los que tienen menor proporción de incremento en las obligaciones de pago están Campeche y Zacatecas que entre 2015 y 2020 subieron solo 1.9 y 1 por ciento, respectivamente, y el único caso, Tlaxcala, que no muestra variación alguna en ese rubro.
En su comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expresó que las deudas de los gobiernos que terminarán el año próximo es el mayor reto que enfrentan las administraciones locales y que “da la casualidad que casi la mitad de los gobiernos” concluyen y la deuda de corto plazo suma casi 29 mil mdp. Los reportes muestran que en Nuevo León las obligaciones financieras estatales se incrementaron 24.7 por ciento durante los cinco años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, para ubicarse actualmente con un saldo de 79 mil 626 millones de pesos, la segunda deuda más alta en el país, solo por detrás de Ciudad de México.
En Sonora, los adeudos crecieron 23.4 por ciento entre el último trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2020; mientras que en el gobierno de Antonio Echevarría en Nayarit los estados de cuenta se incrementaron 21.2 por ciento en menos de tres años. CASOS A FONDO Cuando Rodríguez Calderón buscó la Presidencia, la deuda subnacional de Nuevo León era de 63 mil 832 millones de pesos con el interino Manuel Florentino González, y cuando el ex candidato presidencial regresó el saldo aumentó a 79 mil 626 millones de pesos.
El reporte trimestral del Senado sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios reporta que actualmente en el estado fronterizo se registra un endeudamiento per cápita de 14 mil 706 pesos, que en total representa 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado.
Además, la entidad registró un aumento de 2.1 por ciento en su deuda pública entre abril y junio para paliar los efectos causados por la epidemia de covid-19. En Sonora la deuda subnacional asciende a 28 mil 103 millones de pesos y durante el mandato de la priista Claudia Pavlovich, el saldo subió en 5 mil 322 millones de pesos, que equivalen a un aumento de 23.36 por ciento.
El análisis financiero del Senado revela que esta entidad obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple con 52.6 por ciento, con la banca de desarrollo 44.9 por ciento y con otras fuentes de crédito 2.4 por ciento restante.
Otro estado que vio un importante incremento de su deuda pública es Nayarit. Hasta el tercer trimestre de 2017 la entidad tenía un saldo de 6 mil 100 millones de pesos, pero desde la llegada al poder del panista Antonio Echevarría ese monto creció hasta los 7 mil 395.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Nayarit, desde que entró en funciones, el mandatario recibió un déficit de 14 mil millones de pesos derivado de adeudos fiscales y pasivos heredados por el gobernador priista, Roberto Sandoval quien se encuentra bajo investigación del gobierno de Nayarit, la FGR y hasta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno nayarita, no ha adquirido deuda ante la banca privada, debido a los lineamientos fiscales y disposiciones que prohíben contraer créditos que pongan en riesgo las próximas administraciones.
En solo tres años las obligaciones financieras de este estado crecieron casi al mismo ritmo que aumentaron las de Nuevo León y Sonora en cinco años. Además, la pandemia ha afectado las finanzas públicas de tal manera que la calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de Nayarit de B1 a B3. Según los análisis de la firma, la entidad sufrirá un severo problema de liquidez que se sumará a las presiones financieras existentes por un frágil desempeño operativo que se extenderá hasta el próximo año. Actualmente, el monto de la deuda estatal representa 4.8 por ciento de su PIB y de acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de 2020, se reparte de la siguiente manera: 67.9 por ciento en la banca de desarrollo y 32.1 por ciento en la banca múltiple.
Un caso particular se observa durante la administración de Jaime Bonilla en Baja California, pues del último trimestre de 2019 al segundo de 2020 la deuda pública pasó de 17 mil 400 millones de pesos a 19 mil 938 millones, es decir, 14.3 por ciento. El gobierno de Michoacán dijo que los empréstitos se han utilizado en construcción carreteras, en instalaciones de seguridad pública y equipamiento, en vialidades urbanas y en turismo, principalmente.
Respecto a el refinanciamiento y reestructura de la deuda de largo plazo heredada por otras administraciones, aseguró que se han logrado reducir en un 38 por ciento la sobretasa de interés de los financiamientos que había al inicio del gobierno perredista y que en cinco años se han ahorrado 980 millones de pesos en el pago del servicio de la deuda pública.
En Nuevo León crearon el Consejo Ciudadano por la Democracia y el Federalismo, y a través de una sesión virtual, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que el objetivo es buscar a los diputados federales del estado y pedirles que se opongan al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de las cuentas de Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda, por el seguimiento de la indagatoria en su contra por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Milenio