Eleazar Bazúa Flores, quien fungía como delegado de la secretaría de gobernación en el estado de Coahuila (desde el 8 de mayo del 2013), fue cesado fulminantemente de su cargo, por “actos fuera de sus funciones”. Nada se dijo, nada se declaró, no se anuncia su salida ni hay relevo. La razón real es el grave desliz del ex funcionario, volcado a los actos ilegales de precampaña del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís (tanto en el territorio que le tocaba monitorear como en las redes sociales).
Pero los excesos del señor Bazúa no paran ahí. Envalentonado por su relación con el gobernador Ruben Moreira Valdez y con el alcalde Riquelme, se sigue ostentando ilegítimamente como titular de gobernación. El nulo respeto a la secretaria del interior de México, es indígnate. Miguel Ángel Osorio Chong y su gente, por decir lo menos, se han pasado de “complacientes”.
Ha trascendido que haciéndose la víctima el señor Bazúa Flores, calentó al gobernador para que exigiera su reingreso al cargo o su cambio de adscripción, lo que motivó el enojo de Osorio Chong y el hecho de que, varias semanas después, siga vacante la plaza. Caso similar existe con las delegaciones de CONAGUA y SEDESOL, donde luego de las renuncias, se aferra Moreira en poner gente afín, olvidando que por cortesía le dejaron poner algunas delegaciones federales.
La subdelegada de gobernación, encargada del despacho, es instruida a enviar un oficio terminante a todas las delegaciones y representaciones federales, aclarando la salida de Eleazar Bazúa y el estatus de la delegación. Hay que recordar que esta instancia coordina al resto de entidades federales en la entidad. Hay una segunda lectura de esta misiva atípica, y es el que se da un mensaje a los delegados de que se apeguen a sus funciones federales y por ningún motivo se involucren en política local, menos en “quinielas ilegales” que comprometan a sus entidades.
Se asegura que ya son investigados cuatro delgados más por los mismos hechos y se ha turnado vista a la secretaria de la función pública y a la FEDAPE por la supuesta “manipulación política” de los recursos federales: destinados a caminos, programas de apoyo social, de proyectos productivos (agropecuarios y forestales) y de apoyo al campo, involucrados en el cuerpo de la investigación. Las delegaciones comprometidas inicialmente, son: SAGARPA, CONAFOR, INAES, SCT.