Un tema de fundamental importancia en la vida del país es, sin duda, el relativo a la sistemática violación a los derechos humanos por parte de las estructuras de seguridad pública, esta, aunada a la crueldad de la delincuencia organizada completan el escenario de violencia extrema qué vivimos.
En el contexto internacional es reiterado los señalamientos qué en todo los tonos se hacen al gobierno mexicano, en este sentido van desde los amables ofrecimientos, en terso lenguaje diplomático, de ayuda o apoyo para colaborar en la solución del problema de múltiples países Europeos hasta muy graves, precisos y puntuales señalamientos de distintos organismos internacionales.
Las muy frecuentes e injustificadas giras del presidente Peña, qué me parece no tienen más intención que recibir reconocimientos y elogios por las recientes y polémicas “reformas estructurales”, han resultado, en realidad, pertinentes oportunidades para que los gobiernos de los países visitados hagan referencia infaltable, en diplomático tono amable, a la necesidad de garantizar, en México, los derechos humanos y para que grupos de ciudadanos de manera estridente acusen de asesino y dictador al presidente.
El gobierno de Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo trato a la policía y al ejército mexicano como un cartel más, y denuncio una “grave crisis por la que atraviesa México en esta materia” señalando “reiterados involucramientos de las agencias de la ley y los militares” en asesinatos ilegales, torturas generalizadas y desapariciones forzosas.
El premio Nobel de la Paz, el Argentino Adolfo Pérez Esquivel, prestigiado activista por los derechos humanos en el mundo, denunció en una conferencia Magistral en la UNAM, el 15 de abril, la comisión de crímenes de Lesa Humanidad por parte del gobierno y las fuerzas públicas de México, dijo “nos duele lo que ocurre en este país, la desaparición de personas fueron declaradas en 1981 por la ONU crímenes de Leas Humanidad y mientras permanezca la IMPUNIDAD continuarán cometiéndose estos actos”
Roberto Scarpinalo Fiscal General de la Corte de Apelaciones de Palermo, líder histórico de la lucha anti mafia en Italia, en el Forum Internacional sobre los derecho humanos celebrado en marzo pasado en Ginebra, Suiza, propuso la creación de un Tribunal Penal Especial de la ONU para atender los crímenes contra la humanidad cometidos en México como: “genocidios, masacres, violaciones masivas así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales.” Dijo que la situación en México es igual a la de Italia bajo la influencia de la mafia donde se extorsiona a los organismos del estado.
El Índice Global de impunidad, instrumento de medición mundial elaborado por la Universidad de las Américas Puebla con aportaciones de académicos e investigadores del CIDE, UIA, ITAM, Universidades de Georgetown y Norte Dame de E.E.U.U. señaló que México es el país número 58 de 59 en el nivel de IMPUNIDAD, solo superado por Filipinas y que de cada 100 delitos solo se denuncian 7 de tal manera que la cifra negra de delitos no denunciados es de 93%, y de estos 7 delitos denunciados solamente terminan con sentencia condenatoria el 4.4% es decir el .3% (punto tres por ciento de cada cien) más o menos uno de cada 300, los ciudadanos, dice, no denuncian por que no tienen confianza en las autoridades y por que es una pérdida de tiempo.
Este asunto tiene una obvia y evidente vinculación con la CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD, los tres son cánceres que están destrozando a México y son de tal gravedad qué justificarían por si mismas la celebración de un pacto para combatirlos en una cruzada nacional comprometida entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil. Evidentemente se requerirá voluntad política del gobierno y eso parece, sí no imposible, sí francamente difícil, no quieren prescindir del “botín” o en el peor de los casos como escribió The Economist “no saben que no saben”. Aunque no parezca lo mejor desde una perspectiva nacionalista, tal vez deberíamos empezar a considerar la intervención de la ONU como propone Scarpinalo o como sucedió en Guatemala. Para tal objetivo será imprescindible una gran presión de los ciudadanos y organizaciones libres y el momento adecuado será cuando el costo de no hacerlo le resulte fatal en términos electorales a la cuestionada camarilla empresarial y de gobierno dueños del País.
Este señor si sabe del tema sobre los que escribe