Políticos, organizaciones empresariales y representantes de entidades educativas y de partidos señalaron inconsistencias y ambigüedades en la redacción de la legislación; proponen dialogo para despejar las divergencias.
La Ley de Educación del estado de Puebla fue descalificada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Dicha legislación “no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación; si alguien interpone una acción de inconstitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva al respecto”.
“Se trata -agregó- de una armonización indebida, creo yo (que) no refleja el espíritu legislativo de la Constitución general y de la ley nacional en materia educativa. Entonces, fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso local en Puebla.
“Se va a tener que revisar en la Corte seguramente, pero no había necesidad de que en este momento se intentara distraer o desarmonizar una disposición nacional. Tengo mis dudas respecto de la armonización de esta ley, respecto del patrimonio, respecto de la orientación, pero será revisado seguramente ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad’’.
Desde la óptica del senador zacatecano el Congreso local debe corregir la nueva norma.
Recién promulgada, la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla ya fue descalificada por actores políticos, organismos del sector privado y representantes de partidos políticos, quienes perciben intenciones del gobierno de Miguel Barbosa de apropiarse de los planteles educativos privados y de adoctrinar a alumnos.
En el artículo 105 de la ley señala: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal’’.
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de aquella entidad federativa, negó que el propósito del gobierno sea apropiarse de los bienes de las escuelas privadas, y dijo que su contenido se apega a lo que prevé la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país, en el artículo 99.
Coparmex se opone
El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró la llamada “Ley Barbosa” sobre educación, con otra controvertida legislación, la denominada “Ley Bonilla”, recientemente decidida por la Suprema Corte. “La ley Barbosa de Educación del Estado de Puebla es frente a la enseñanza lo que la ley Bonilla en Baja California fue contra la democracia”.
Anunció el dirigente que ese organismo combatirá hasta las últimas instancias la referida Ley de Educación de Puebla, que permite al gobierno poblano mayor intervención y regulación sobre las escuelas privadas. “No es un asunto de regulación, sino de libertad esencial. Es una causa nacional, no solo una protesta local. Empieza la lucha. Vamos hasta donde tope”, tuiteó De Hoyos Walter.
Con 31 votos a favor, ocho en contra, y una abstención, el 15 de mayo los diputados locales de Puebla aprobaron en lo general la nueva Ley de Educación del Estado. Uno de los artículos más polémicos es el 105, el cual establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…) forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
Para legisladores locales de la oposición el contenido de este artículo implica el riesgo de que el gobierno pretenda tomar el control de los inmuebles donde se imparte educación privada.
El artículo 121 de la misma legislación establece que las instituciones particulares colaborarán con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se les destinen.
Universidades piden diálogo
El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, apeló al gobierno estatal al diálogo antes de dar este paso para evitar seguir polarizando. “Si es necesario, se llevará el caso a los amparos, a los juzgados y allí vamos a ganar, pero en vez de enfrentamiento, dialoguemos, para qué polarizar más”.
Propuso que representantes del gobierno de Puebla, del Congreso del estado y del sistema educativo, se sienten a dialogar y juntos eliminen las ambigüedades que hay en la Ley General de Educación.
“Si bien la “Ley Barbosa” responde a las adecuaciones establecidas en la Reforma Educativa aprobada por el Gobierno de la 4T, las ambigüedades en dicha norma no sólo no se resuelven con lo aprobado en el Congreso local, sino que llevan a la “apropiación de todo el sistema educativo”, en la entidad, dijo en una entrevista televisiva.
Lo que es peor, dijo, con la modificación a los artículos de la Reforma Educativa avalada por el gobierno federal, y que deberá homologarse en las 32 entidades federativas, en la norma avalada en Puebla se tiene la impresión de un intervencionismo del estado en la educación.
En el artículo 105 de la ley educativa poblana establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…) forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
El Economista