A poco más de 60 días de que termine la administración, el gobierno de Rubén Moreira quiere heredar una reforma total al Código Penal del Estado. El contenido y el alcance no fueron consultados, sobre todo temas de alto impacto social que se contienen en el mismo de acuerdo a trascendidos de los propios escribientes del mismo.
Especial molestia ha causado el que se asegure que escondido entre su capitulado se encuentra LA LEGALIZACION DEL ABORTO EN COAHUILA. Parece venganza social este afán del gobierno al contradecir la opinión de tantas organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en estos 6 años a favor de la vida y en contra del aborto.
El gobierno se justifica diciendo “el mero remedio penal para el aborto ha sido no solo inidóneo, sino inútil y, además, una fuente inextinguible de innumerables abortos clandestinos: los que muchas veces realizan gente sin preparación y en circunstancias de insalubridad o desatención que originan muertes, lesiones y graves peligros para la mujer”. Se pretende despenalizar el aborto cuando éste sea consentido y se dé dentro de las primeras 12 semanas del embarazo.