Como los políticos nunca creen lo que ellos dicen,
se sorprenden cuando alguien sí lo cree.
Charles de Gaulle
Vaya que de vez en cuando las instituciones nacionales nos dan sorpresas gratas, tal ha sido el veredicto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que se ordena al Poder Legislativo que emita en un plazo improrrogable la ley reglamentaria sobre el gasto publicitario gubernamental.
Es una sentencia sin precedentes, porque es la primera vez en la historia de este país que la Corte ordena al Congreso federal expedir una ley y establece resarcir una omisión legislativa que por casi 4 años eludieron u olvidaron.
Con esta sentencia la SCJN amparó a la organización civil Artículo 19 que fue la que denunció la negligencia del Legislativo de cumplir con el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año.
Además, la Corte Señala que la ausencia de legislación del citado tercero transitorio da lugar a un ejercicio discrecional y arbitrario del presupuesto asignado a comunicación social que restringe o limita arbitrariamente la libertad de expresión canalizando los recursos hacia medios afines a las posturas del gobierno y niegue o restrinja esos recursos a los medios críticos o incómodos para el gobierno federal, los estatales, los congresos y poderes judiciales.
Los legisladores están obligados a cumplir el mandato de la SCJN so pena de ser sometidos a juicio penal y hasta destituidos y consignados penalmente por no acatar la sentencia, parece que no tendrán callejón de huída.
Los gastos estratosféricos, superabundantes que los gobiernos gastan en lo que ellos justifican como comunicación social son ofensivos y arbitrarios para la sociedad que los paga, pero ellos son patrimonialistas, se sienten y actúan como dueños del presupuesto público, así ha sido durante los más de 80 años del ejercicio gubernamental priista en Coahuila.
Se sabe de la afinidad de muchos de los medios de comunicación a las posturas gubernamentales es según sea el aporte y la afinidad a las posturas de quien les paga, pero la afinidad, la conexión se trasluce, así que la imparcialidad, y la veracidad quedan en evidencia, aunque pretendan insinuar otra cosa.
La organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, estima que el gobierno de Peña Nieto puede haber gastado 60 mil millones de pesos durante su sexenio que está por concluir. Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que los gobiernos estatales ejercieron 9 mil 500 millones de pesos tan solo el año pasado, no hay disposición constitucional que atribuya a los gobiernos de los 3 niveles gastar tan enormes cantidades de recursos económicos que rebasan lo autorizado en sus presupuestos.
Fundar y otras organizaciones civiles estiman que Rubén Moreira encabezó a los gobiernos que más gastan en promover su imagen, se considera que tan solo en 2013 Moreira II gastó 1 113 millones de pesos en publicidad, mientras que el endeudamiento público es más alto que cuando comenzó este sexenio, la opacidad en este renglón del actual gobierno ha sido total.
México no estaría en la situación tan aguda de pobreza en que se encuentra si los mexicanos detuviéramos a los funcionarios públicos sinvergüenzas que gastan miles de millones en publicar mentiras y promover su imagen.
Criticar a los funcionarios puede tener altos costos para los periodistas que se atreven a ir en contra del sometimiento a los que ejercen el patrimonialismo mediante el sobreejercicio del gasto en publicidad en algunos medios afines a las posturas gubernamentales.
Habrá que esperar que el Congreso cumpla la orden de la SCJN y que se dé prioridad a la sociedad para proveerla de información veraz, plural, oportuna y objetiva.