Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados formalmente el lunes en Georgia de intentar anular de manera ilegal su derrota en las elecciones de 2020 en el estado. Es el cuarto caso penal que se abre contra el expresidente y el segundo en el que se alega que intentó subvertir los resultados de la votación.
La acusación detalla docenas de actos por parte de Trump y sus aliados para revertir su derrota en el estado, incluido el hostigar al secretario de Estado de Georgia para que hallara suficientes votos con el fin de que Trump pudiese conservar el poder; importunar a funcionarios con alegatos falsos de que se había cometido un fraude electoral, e intentar persuadir a los legisladores de Georgia a ignorar la voluntad popular y nombrar a una nueva serie de compromisarios del Colegio Electoral favorables a Trump.
“Trump y otros de los acusados en esta imputación se negaron a aceptar que Trump perdió y, a sabiendas y voluntariamente, se unieron a una conspiración para modificar ilegalmente el desenlace de las elecciones en favor de Trump”, señala el acta acusatoria emitida el lunes por la noche por la oficina de Fani Willis, la fiscal de distrito del condado Fulton.
Otros indiciados son el ex jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows; el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani; y Jeffrey Clark, un funcionario del Departamento de Justicia del gobierno de Trump que impulsó su plan para revertir su derrota electoral en Georgia.
La imputación es el cuarto caso penal contra Trump en cinco meses, cada uno en una ciudad distinta, que serían intimidantes para cualquiera, más aún para un acusado que al mismo tiempo está postulándose a la presidencia.
Se anuncia apenas dos semanas después de que el fiscal especial del Departamento de Justicia lo acusara de conspirar para revocar los resultados de las elecciones, lo que pone de relieve cómo los fiscales, tras largas investigaciones que siguieron a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal, han tomado medidas para hacer que Trump rinda cuentas por un asalto a los fundamentos de la democracia estadounidense.
Aunque la acusación formal en Georgia está enfocada en los intentos de Trump por revertir los resultados electorales en sólo un estado, su amplia red de imputados sobresale en comparación con el caso más selectivo interpuesto por el fiscal especial Jack Smith, que hasta ahora sólo nombra a Trump como acusado. El caso de Georgia también se destaca porque, a diferencia de los dos procesos federales que enfrenta, Trump no tendría la oportunidad de intentar indultarse a sí mismo si llega a ganar la presidencia.
A medida que se suman las imputaciones, Trump —el favorito para conseguir la nominación republicana a la presidencia— suele referirse al hecho de que es el único presidente de Estados Unidos que ha enfrentado cargos penales. Sigue haciendo campaña y recaudando fondos en torno a dichos temas, presentándose a sí mismo como una víctima de fiscales demócratas que están tras de él.
La imputación acusa a Trump de hacer declaraciones y escritos falsos por una serie de afirmaciones que le hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y a otros funcionarios electorales del estado el 2 de enero de 2021, incluyendo que hasta 300.000 boletas “fueron agregadas misteriosamente al escrutinio” en las elecciones de 2020, que más de 4.500 personas que no estaban empadronadas sufragaron, y que un trabajador electoral del condado Fulton, Ruby Freeman, era un “falsificador profesional de votos”.