Ecuador cerrará mañana consulados en México

Los consulados de Ecuador en Ciudad de México y Monterrey cerrarán mañana 15 de mayo, informó la cancillería de la nación sudamericana.

En un boletín emitido este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que la atención de trámites consulares se realizará desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala, Houston y Phoenix.

La suspensión de los servicios consulares es consecuencia de la ruptura de relaciones entre ambos países tras la entrada violenta de uniformados ecuatorianos a la embajada de México en Quito en la noche del 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

Los diplomáticos mexicanos dejaron la capital ecuatoriana el domingo 7 de abril.

Luego del suceso, que causó el repudio de diversos países y organizaciones, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación de la Convención de Viena al invadir su sede diplomática.

Al presentar su alegato de defensa en La Haya, representantes del gobierno de Ecuador justificaron el allanamiento, un acto que calificaron de excepcional y aislado.

Por su parte, México acusó a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” por entrar de manera violenta a la embajada y agredir físicamente a un diplomático.

Luego de escuchar los alegatos de ambas partes, el tribunal de la CIJ deberá deliberar sobre la necesidad de las medidas cautelares que México solicitó en su demanda presentada el 11 de abril, entre ellas una disculpa pública por lo ocurrido.

Quito presentó también ante la CIJ una acusación en contra de México, que, según analistas y expertos, tiene altas probabilidades de ganar los litigios porque no se justifica de ninguna manera un ataque o invasión a una embajada.

Mientras tanto, el ex vicepresidente Glas, a quien México considera un perseguido político, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, a pesar de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decretó que su detención fue “ilegal y arbitraria”.

La Jornada

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